La reaparición de Sandra Ortiz en los pasillos del Congreso despertó sorpresa. La exfuncionaria, quien estuvo casi dos años en prisión por su vinculación con el millonario escándalo de corrupción de la UNGRD, volvió a recorrer el Capitolio hace pocos días, pero ya no como emisaria política del gobierno. Esta vez llegaba con una misión más urgente y personal: pedir dinero prestado.

"Vine aquí al Congreso de la República, primero, a activar mis cuentas. Aquí está mi cuenta de origen. Entonces, vine a pedir plata prestada y activar mis cuentas. Es un préstamo porque estoy liquidada; duré dos años sin trabajar. Yo vivo de mis salarios", explicó Ortiz durante su reaparición. Sus palabras revelan la situación económica crítica que enfrenta tras pasar los últimos veinticuatro meses privada de su libertad.

Hace poco era una figura central en el entorno de Petro. Como consejera para las Regiones, Ortiz jugaba un papel determinante en la relación del Ejecutivo con congresistas y líderes políticos, especialmente en la negociación de las reformas legislativas del Gobierno. Pero su nombre quedó manchado cuando estalló el escándalo de la UNGRD, un saqueo de cifras millonarias que implicó a funcionarios de alto rango, contratistas y dirigentes políticos.

Las acusaciones en su contra son graves. Se le imputa lavado de activos y tráfico de influencia. De acuerdo con las investigaciones, Ortiz habría sido la responsable de entregar tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, como supuesta estrategia para conseguir votos a favor de las reformas del Gobierno. El escándalo original surgió de los contratos de carrotanques destinados a La Guajira, pero luego se expandió hacia denuncias sobre entregas de dinero, direccionamiento de contratos y favores políticos.

El contraste es innegable: del Capitolio donde entraba con el prestigio de representar los intereses presidenciales, ahora vuelve como vinculada judicialmente, enfrentando dificultades económicas. Aunque recuperó su libertad hace pocas semanas, la investigación en su contra continúa abierta, manteniéndola atrapada en un laberinto legal que parece estar lejos de resolverse.