Después de meses de intentos legales, Sandra Ortiz recuperó su libertad. Un juez del Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías accedió a la solicitud de su defensa y ordenó la salida inmediata de la exconsejera presidencial para las Regiones, quien estaba procesada en el escándalo de corrupción que sacudió a la UNGRD.

La decisión se fundamentó en que se excedieron los plazos legales establecidos para iniciar el juicio oral. El despacho certificó que pasaron 329 días sin que comenzara formalmente el juicio, lo que superó en 89 días el término que marca la ley. Desde su captura en diciembre de 2024, han transcurrido 473 días, aunque el cálculo final descontó algunos períodos por apelaciones e incapacidades médicas.

Durante la audiencia surgió una fuerte discusión sobre cómo contar los tiempos del proceso. La Fiscalía y las víctimas argumentaban que ciertas acciones de la defensa, como solicitudes de aplazamiento y recursos judicales, debían descartarse por considerarlas maniobras dilatorias. Sin embargo, el abogado Mauricio Camacho sostuvo que esas actuaciones eran parte legítima del derecho a la defensa. El juez le dio la razón y cuestionó duramente el planteamiento de la otra parte: "Es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido".

La libertad de Ortiz no significa que se cierre su caso. Ella continuará vinculada al proceso penal y deberá enfrentar el juicio en libertad. La Fiscalía la señala de haber actuado como intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas, transportando maletas con cerca de 3.000 millones de pesos presuntamente destinados al entonces presidente del Senado, Iván Name. Ortiz ha negado categóricamente estas acusaciones.

La reacción de altos funcionarios fue inmediata. Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó la decisión como "lamentable" y expresó preocupación por las distintas interpretaciones en el conteo de términos. "Estamos viendo que hay distintas interpretaciones en el conteo de los términos. Esto va a tener que revisarse porque no podemos seguir teniendo distintas posiciones sobre cómo se cuentan los términos", señaló.

En sus declaraciones anteriores, Ortiz ha negado su vinculación con la UNGRD y ha denunciado presuntas presiones de la Fiscalía. "Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo qué tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver", afirmó en una audiencia reciente.

Aunque Ortiz saldrá de la Estación de Policía de Carabineros de Bogotá en las próximas horas, el escándalo de la UNGRD sigue avanzando en otros frentes. Mientras tanto, la Corte Suprema ha llamado a versión libre a Martha Peralta y Berenice Bedoya por hechos relacionados con este mismo caso de corrupción.