Sandra Ortiz volvió a elevar su voz desde la guarnición militar de Carabineros en Bogotá. Durante una audiencia virtual realizada el miércoles ante la jueza quinta de control de garantías, la exconsejera de Regiones reiteró su petición de libertad. Su defensa, liderada por el abogado Mauricio Camacho, argumentó que ella ha permanecido privada de su libertad por más de 500 días sin que se inicie el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público.

Camacho fue directo: según el Código de Procedimiento Penal, el Estado tiene 240 días desde la acusación para iniciar el juicio. La acusación fue radicada el 24 de enero de 2025, lo que significa que ese plazo ya se habría vencido. "Debemos partir de la radicación del escrito de acusación, que ocurrió el 24 de enero de 2025. La Fiscalía cumplió su función dentro del término de 175 días y presentó la acusación. Según el Código de Procedimiento Penal, el Estado tiene 240 días para iniciar el juicio. Si esto no ocurre, se activa la causal de liberación. Mi intención hoy es hacer un conteo objetivo para demostrar que dicho plazo ya se ha superado", afirmó el abogado. El defensor también denunció que a Ortiz no le han permitido practicar las pruebas que considera esenciales para defenderse, lo que constituiría una clara violación de sus derechos procesales.

En su intervención ante la jueza, Ortiz expresó frustración genuina. "¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo?", cuestionó, mientras explicaba que su intención es llegar a la verdad. Manifestó que ha sido claro con las víctimas sobre su compromiso con esclarecer los hechos. La exfuncionaria del gobierno Petro, quien estuvo cerca del círculo más íntimo del mandatario, insistió: "Vamos a contarle al país la verdad, igual la van a saber. Tarde o temprano todo se va a saber".

Lo que más la agobia es la imposibilidad de acceder a las pruebas. Ortiz asegura que hoy no tiene una sola prueba en sus manos para defenderse, mientras que el material probatorio asciende a más de cien mil archivos organizados en cientos de carpetas. "Ahí está la prueba. Entonces, eso es muy difícil. ¿Dónde está esa igualdad de armas?", preguntó, recordando que la jueza misma le había asegurado que tendría derecho a defenderse en condiciones equitativas. Ortiz enfatizó que nació en un país garantista y rechazó la idea de ser sacrificada sin justificación.

La audiencia fue suspendida y continuará el 16 de abril próximo a las 9:00 a.m. en el Juzgado 05 de Control de Garantías de Bogotá.

Las acusaciones contra Ortiz son serias. La Fiscalía la señala de actuar como intermediaria en la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, funcionando como un "puente" para transportar recursos públicos de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Según la investigación, el dinero provenía de contratos direccionados para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira. El propósito habría sido asegurar el apoyo de Name a las reformas del Gobierno en el Congreso. Todo esto dentro del escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno Petro.