Sandra Ortiz, quien fue consejera presidencial para las Regiones, salió a denunciar que durante su investigación por el escándalo de la UNGRD ha recibido presiones de la Fiscalía para que implique a ministros del Gobierno de Gustavo Petro. La exfuncionaria señaló que funcionarios fiscales le habrían advertido que su situación legal empeoraría si no entregaba información comprometedora contra altos funcionarios.

En concreto, Ortiz relató que en medio de las diligencias le dijeron: "Si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar". Según su versión, estos señalamientos habrían incluido la amenaza de ser imputada y de enfrentar una medida de aseguramiento en su contra, lo que en el lenguaje legal significa detención preventiva.

La exconsejera aseguró que documentó estas presiones en una comunicación que envió a la Fiscalía y que también compartió con su abogado, por lo que cuenta con los soportes de lo que denuncia. Más allá de los hechos específicos, Ortiz fue contundente en su interpretación política del caso: "Desde ahí entendí que no era solo un tema legal, sino político", afirmó sobre el momento en que dice ocurrieron estas presiones.

Estas declaraciones llegan en medio de las investigaciones por el caso UNGRD, donde Ortiz ha sido mencionada como presunta intermediaria en la entrega de sobornos. Sus acusaciones ahora abren un nuevo capítulo en el proceso y vuelven a cuestionarse los métodos que utiliza la Fiscalía en esta investigación, un tema que sigue generando polémica en el país.