Hace más de seis décadas que el gobierno central tomó una decisión que cambió para siempre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: declararlas Puerto Libre en los años 60. Lo que parecía una oportunidad de progreso se convirtió en un proceso de deterioro acumulativo que hoy tiene al archipiélago en una encrucijada crítica.

El problema radica en que ese desarrollo nunca fue pensado para las islas. Fue impuesto desde el continente, con modelos de construcción, trabajadores y maestros continentales que desplazaron gradualmente las prácticas ancestrales y sostenibles del pueblo Raizal. La generosidad histórica de sus habitantes, cuenta el documento, los hizo vulnerables: muchos perdieron sus propiedades y fueron empujados a una economía monetaria sin tiempo para adaptarse. El auge turístico de los años 70 aceleró todo: nueva infraestructura portuaria y aeroportuaria, inversiones sin control, políticas migratorias inadecuadas. Nadie calculó la escasez de agua. Nadie priorizó la tierra disponible. El resultado es que hoy las islas viven en crisis permanente.

Hoy San Andrés conforma la Reserva de Biosfera Seaflower, un reconocimiento global de su singularidad biocultural. Alberga uno de los arrecifes coralinos más grandes y continuos del mundo, junto a manglares, praderas de pastos marinos y bosques secos. Pero ese patrimonio natural está bajo presión extrema. Las playas están contaminadas, el agua es escasa, el suelo se agota, la criminalidad crece y el cambio climático amenaza con erosionar las costas. La población ha crecido de manera incontrolada, principalmente por migración continental, transformando los paisajes sociales y económicos. Lo que alguna vez fue motivo de orgullo ahora es una herencia en peligro de desaparición irreversible.

Frente a este escenario, un grupo de ambientalistas y expertos ha presentado la Estrategia Seaflower: una hoja de ruta de diez acciones concretas para transformar la trayectoria de las islas. La propuesta es radical pero necesaria. Proponen una moratoria indefinida al crecimiento turístico para permitir una reevaluación completa de la capacidad de carga de las islas. Buscan regular tanto el número de turistas como la población residente mediante un modelo de turismo regenerativo que integre las actividades tradicionales en la cadena de valor. La identidad cultural del pueblo Raizal debe ser protegida activamente, colocando sus tradiciones y derechos en el centro de cualquier decisión.

El decálogo incluye medidas de conservación y restauración de ecosistemas mediante soluciones basadas en la naturaleza, programas para reubicar a residentes de áreas de alto riesgo con dignidad y respeto cultural, y una gestión sostenible de servicios básicos como agua, energía y residuos. Pero todo esto tiene un costo que el documento considera innegociable: "Establecer un fondo dedicado para daños y pérdidas, como parte de la compensación gubernamental por la sobrepoblación de las Islas". Ese Fondo de Compensación y Restauración debe ser totalmente financiado por el Estado y debe reflejar la urgencia de las realidades ecológicas, culturales y socioeconómicas del territorio.

Lo que proponen estos expertos es, en esencia, un cambio de paradigma. No se trata solo de preservar naturaleza: es defender el derecho del pueblo Raizal a existir como pueblo, a mantener sus tradiciones y su relación ancestral con el territorio. Es reconocer que el desarrollo continental impuesto durante décadas fue un error, y que la única salida viable es hacer las cosas completamente diferente. Las islas no pueden seguir creciendo sin límite. No pueden seguir priorizando la ganancia turística sobre la supervivencia. No pueden seguir perdiendo su identidad a cambio de promesas incumplidas de progreso.

El tiempo para actuar no es indefinido. La inacción continuada puede significar la desaparición de hábitats vitales y la pérdida tanto de estabilidad ambiental como social en un territorio único que merece ser salvado, no consumido.