Las autoridades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pusieron en movimiento para frenar el exceso de ruido que afecta la vida de quienes viven en la isla. La Gobernación, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se sumó con Coralina y la Policía Nacional en un operativo enfocado en controlar los niveles de sonido que emiten diferentes establecimientos ubicados tanto en zonas residenciales como en el centro de la isla.

El problema no es menor. Cuando el ruido se sale de control, especialmente en barrios donde viven familias o en zonas hoteleras, la calidad de vida de la gente se deteriora. Por eso las autoridades decidieron actuar de forma coordinada, visitando establecimientos para verificar que cumplan con lo que dice la ley.

Durante los operativos, los técnicos llegaron con sonómetros, unos aparatos que miden exactamente cuántos decibeles (la unidad de medida del sonido) emite cada lugar. Lo importante es que se hizo conforme a la Resolución 627 de 2006, la norma nacional que fija los límites máximos permitidos de ruido. Según esta regulación, durante el día los establecimientos pueden emitir máximo 65 decibeles, mientras que en la noche el límite baja a 55 decibeles.

Lo que llama la atención es que los funcionarios no llegaron solo a multar o a sancionar. La estrategia fue más inteligente: aprovecharon para orientar a los dueños y administradores de los negocios sobre la importancia de respetar estos límites. Es una apuesta por la prevención, buscando que la gente entienda que cumplir con la normativa es parte de vivir bien juntos, sin sanciones de por medio.

La Gobernación ya dejó claro que esto no fue un operativo aislado. Planea seguir haciendo este tipo de controles de forma periódica, siempre trabajando en equipo con las autoridades ambientales y la policía. El objetivo es simple pero importante: garantizar que en San Andrés haya espacios seguros, sostenibles y, sobre todo, donde la convivencia sea posible para toda la comunidad.