El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vive uno de sus momentos más críticos. Hace poco, cinco de los siete candidatos a la Gobernación Departamental se reunieron en un conversatorio organizado por el Instituto de Estudios Caribeños y la Universidad Nacional de Colombia sede Caribe para reflexionar sobre el futuro de un territorio que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente.

Los problemas no son nuevos, pero se han acumulado durante décadas. Hoy convergen en un escenario complejo: servicios públicos colapsados, un sistema de residuos sólidos al borde del colapso, presión creciente sobre ecosistemas marinos, pérdida de competitividad del turismo, dificultades en salud, desempleo juvenil y una confianza ciudadana erosionada en las instituciones. Todo esto amenaza la habitabilidad misma del archipiélago.

Para entender por dónde llegó el departamento a este punto es necesario recordar que la Constitución de 1991 transformó la antigua Intendencia Especial en Departamento, dando autonomía política y administrativa a un territorio que durante décadas había reclamado participación en decisiones que lo afectaban directamente. Era una reivindicación histórica para los raizales. Pero la realidad fue compleja: mientras se abrían espacios de participación, también se desató una intensa disputa por recursos públicos y poder político.

Lo que siguió fue una fragmentación del liderazgo regional. En lugar de consolidarse un proyecto común de desarrollo, las energías se enfocaron en conflictos por cargos, contratos y cuotas burocráticas. A eso se sumaron investigaciones disciplinarias, fiscales y penales contra gobernadores y funcionarios por corrupción. Los escándalos de manejo irregular de recursos no solo significaron pérdidas económicas: también deterioraron la capacidad estatal para responder a necesidades básicas y ejecutar proyectos estratégicos.

El conversatorio adquirió relevancia justamente en este contexto. No se trataba solo de escuchar propuestas de gobierno, sino de evaluar si los aspirantes tenían capacidad real para liderar una reconstrucción institucional y un acuerdo social que trascendiera los ciclos electorales. Los candidatos Girley Ordóñez Bowie, Rómulo Areiza Taylor, Bernando Bent Williams y Escorcio Christopher Pomare firmaron una "Declaración por el Futuro del Archipiélago" comprometiéndose con garantizar sostenibilidad ambiental, adaptar la región al cambio climático, fortalecer transparencia, combatir corrupción, construir un modelo de desarrollo centrado en seguridad humana, respetar la cultura raizal, asegurar participación ciudadana, promover ciencia en políticas públicas y fortalecer cooperación caribeña.

Sin embargo, el análisis más crítico señala que las propuestas siguen siendo ambiguas. Pese a reconocer la gravedad de la crisis, los candidatos continúan situando al turismo como motor principal sin plantear transformaciones profundas hacia modelos más sostenibles e integrados con economía del conocimiento o industrias culturales. Más preocupante aún es que durante tres décadas la política departamental ha estado condicionada por clientelismo y redes de intereses particulares que priorizan cuotas burocráticas sobre proyectos estratégicos de largo plazo. La pregunta incómoda persiste: ¿pueden estos líderes romper realmente con esas lógicas?

La firma de la declaración es un paso simbólico importante. Sin embargo, el verdadero desafío no será ganar las urnas, sino recuperar confianza y demostrar que es posible construir un modelo sostenible. El próximo gobernador o gobernadora tendrá la responsabilidad de convertir esos compromisos en acciones concretas. Su cumplimiento puede convertirse en garantía mínima para avanzar hacia un futuro más justo para las generaciones presentes y futuras del archipiélago.