Colombia enfrenta una crisis de salud que no es cosa de ayer. Este problema viene gestándose hace más de treinta años, exactamente desde que en 1993 se puso en marcha la Ley 100. Aunque el sistema logró que casi todos los colombianos tuvieran acceso a algún tipo de aseguramiento, lo cierto es que entró en una espiral de fracturas financieras que se han profundizado década tras década. Los actores del sector, enquistados en algunas instituciones prestadoras de servicios e, incluso, en varias aseguradoras, han sacado provecho a través de prácticas irregulares, mientras jueces y funcionarios miraban hacia otro lado. Todo esto desembocó en un golpe final durante el Gobierno saliente, dejando un escenario complicado para quien asuma el 7 de agosto.

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 fue clara: la salud es un derecho fundamental e integral. Estableció que cada persona debe acceder de manera oportuna, eficaz y de calidad a los servicios necesarios para promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Esta protección legal se sostiene en tres pilares: la dignidad humana, la garantía como un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos, y el bienestar integral. Sin embargo, la realidad del terreno ha sido muy distinta.

Cuando se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 1993, las Entidades Promotoras de Salud entraron como intermediarias de los recursos públicos. El modelo priorizó la rentabilidad económica sobre la prevención y el derecho a la salud. Eso le abrió las puertas de par en par a formas de corrupción que muchos gobiernos ignoraron deliberadamente.

La situación se puso cruda en 2010. La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-463, obligó al Estado a pagar servicios que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Esta decisión disparó las deudas estatales y los desfalcos. Mientras tanto, algunos hospitales y clínicas aprovecharon la brecha financiera para sobrefacturar, buscando sacar dinero fácil. Hoy, cuando ese dinero no llega, la situación se ha invertido contra ellos, pero el daño sistémico ya está hecho.

El presidente electo Abelardo De la Espriella tiene un panorama complejo por delante. Sus principales retos son el rescate financiero del sector, la estabilización operativa y la atención humanitaria urgente. El desafío mayor será conseguir nueva financiación para empezar a pagar los servicios actuales, después de una auditoría seria. Destinar los recursos que ya existen para saldar deudas de décadas simplemente no es viable económicamente.

De la Espriella ha sido claro: su intención no es cambiar radicalmente el modelo actual, sino corregir sus fallas financieras y de gestión mediante un enfoque pragmático de estabilización. Sin embargo, muchos esperan que esta sea apenas una primera etapa, seguida por una reforma estructural más profunda que transforme de verdad la forma en que funciona la salud en el país.

Los colombianos aguardan que el nuevo Gobierno resuelva rápidamente la profunda crisis financiera y el desabastecimiento que hoy afectan la atención médica en todo el territorio. Con su victoria confirmada para el período 2026-2030, la expectativa es que el sector de salud y los ciudadanos vean la ejecución del plan de estabilización institucional y financiera que se ha prometido, bajo una visión donde prime una salud más humana, oportuna y de calidad.