Mientras el sistema de salud colombiano batalla contra su peor crisis humanitaria y financiera, la inversión pública en este sector se desmorona. La Contraloría General de la República acaba de sonar todas las alarmas: hasta el 25 de junio, salud apenas había gastado el 9,48 % de los recursos que le fueron asignados para inversión en 2026. Es uno de los avances más lentificados entre todos los sectores, compitiendo únicamente con transporte, que va en 10,8 %.

Este bloqueo de recursos ocurre en un contexto fiscal que hace agua por todos lados. El presupuesto nacional para este año suma $555,72 billones, pero hasta mediados de junio solo se habían recaudado $252,68 billones. La brecha resultante, cercana a $303 billones, equivalente al 54,5 % de lo previsto, deja un panorama desalentador para el financiamiento de políticas públicas durante el resto del año.

Lo que más inquieta a los auditores es que las metas de recaudo se siguen desmoronando. Mientras el presupuesto contemplaba ingresos por impuestos de $321,46 billones, el Gobierno ahora estima apenas $294,28 billones. Esa diferencia superior a $27 billones obliga a hacer recortes si no aparecen nuevas fuentes de dinero. Además, los ingresos del Gobierno Nacional Central bajaron de representar el 18,2 % del Producto Interno Bruto a apenas 16,1 %, una reducción cercana a $25,4 billones que evidencia la debilidad de la economía.

La Contraloría advierte que este lentísimo avance en inversión en salud pondrá en riesgo proyectos de infraestructura hospitalaria, compra de equipos y fortalecimiento de servicios. Lo concreto es que los colombianos verán limitada su capacidad de atención justo cuando el sistema está más requetido (agobiado). Pero hay más problemas. El Gobierno carga con obligaciones heredadas de 2025: falta por cancelar el 48 % de las reservas de inversión y el 38 % de funcionamiento, lo que limita recursos para nuevas necesidades.

Mientras tanto, el Gobierno recurre cada vez más al endeudamiento para tapar huecos. A junio ya había utilizado el 76 % del cupo autorizado para deuda de largo plazo, equivalente a $64,79 billones, cifra superior a la de hace un año en el mismo período. El servicio de esa deuda consume ahora más presupuesto que la inversión y el funcionamiento juntos.

La Contraloría mantiene en suspenso hallazgos disciplinarios sobre la gestión de la deuda pública y continuará vigilando si el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Crédito Público respetan los límites de endeudamiento. El diagnóstico final es crudo: Colombia necesita decisiones urgentes para cerrar la brecha entre lo que gasta y lo que recauda, acelerar inversión y reducir dependencia del crédito. Sin eso, los próximos años serán de pura austeridad forzada.