Este lunes a las diez de la mañana comienza un capítulo turbulento de la negociación salarial colombiana. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, convocó a empresarios, sindicatos y centrales obreras a la mesa de concertación para resolver qué pasa con el aumento del salario mínimo para 2026. La reunión ocurre en un momento extraordinario: el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el aumento del 23,7 por ciento que el presidente Gustavo Petro había fijado por decreto apenas hace días.

La distancia entre las partes es abismal. El Gobierno insiste en mantener ese 23,7 por ciento, que llama "salario vital", argumentando que es lo que requiere la Constitución. Pero los gremios empresariales, representados por Andi, Acopi y la SAC, dicen que eso es insostenible. Acopi propone usar la fórmula tradicional: tomar la inflación del año pasado y sumarle lo que crecieron los trabajadores en productividad. Con eso, el incremento rondaría el 7,2 por ciento. En otras palabras: mientras el Gobierno quiere que un trabajador que gana hoy un millón de pesos reciba unos 237 mil más, los empresarios proponen apenas 72 mil. Para un trabajador que gana dos millones mensuales, la diferencia sería de casi 330 mil pesos anuales.

Petro ha argumentado que los gobiernos anteriores no han respetado lo que la Constitución manda desde 1991. Según él, el salario mínimo debe ser "vital y móvil", lo que significa que no solo debe cubrir necesidades básicas sino que debe crecer junto con la inflación, el PIB y la productividad. El Presidente sostiene que eso nunca se ha aplicado correctamente y por eso los trabajadores se han quedado rezagados: el salario no ha crecido al ritmo de lo que realmente cuesta vivir en Colombia. Por eso, Petro anunció que pedirá más tiempo al Consejo de Estado para presentar un nuevo decreto con fundamentos constitucionales más sólidos que justifiquen por qué el aumento debe reflejar esa "protección prevalente al trabajo" que la Corte Constitucional mencionó hace más de tres décadas.

Mientras negocia en las mesas institucionales, el Presidente está moviendo otra estrategia. Convocó marchas para este jueves a las cuatro de la tarde en plazas públicas de todo el país. Su idea es presionar desde abajo, movilizando ciudadanos para que demanden un salario mínimo que realmente alcance para vivir. El argumento es que estudios técnicos muestran el rezago del salario colombiano frente a la productividad y el costo real de la canasta básica. En otras palabras: Petro está diciendo que aunque los empresarios digan que no pueden pagar más, la realidad es que los trabajadores necesitan más solo para no empobrecer.

Lo que está en juego es más que un número. Es una pregunta económica de fondo: cuando un trabajador no puede cubrir la canasta básica con su salario, ¿quién absorbe esa pérdida? El trabajador lo hace, obviamente, endeudándose o reduciéndose sus ahorros. Eso debilita el consumo y genera más pobreza. El Gobierno argumenta que es responsabilidad del Estado y de las empresas garantizar ingresos dignos. Los empresarios responden que aumentos muy grandes sin que haya consenso pueden frenar la economía y destruir empleos.

El Consejo de Estado tiene la última palabra. El tribunal otorgó ocho días para que el Gobierno presente un decreto revisado, pero Petro advierte que necesitará más tiempo. Mientras tanto, los trabajadores no saben si el aumento de casi un cuarto de millón que ya habían empezado a contar será realidad o quedará en el limbo burocrático. La negociación de este lunes será el primer indicador de si hay algo de terreno común entre estas posiciones que parecen incompatibles.