Las autoridades están moviendo todas las fichas para desmantelar lo que sospechan es un entramado criminal detrás de Lili Pink. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) acaba de confirmar que se hará cargo de la administración de los bienes vinculados a esta marca de ropa, una decisión que marca un punto de quiebre en la historia de la empresa tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación que apunta a presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.

Por ahora, la SAE espera a que terminen las incautaciones que están haciendo las autoridades. Una vez eso suceda, la entidad tendrá bajo su control más de 400 locales comerciales de la cadena. El objetivo es claro: mantener estos negocios funcionando y preservar el valor de los activos mientras el proceso judicial sigue su curso. No se trata simplemente de cerrar las puertas, sino de administrar responsablemente lo que fue una operación comercial de envergadura.

Lo interesante está en lo que viene después. La SAE hará un diagnóstico completo de la compañía, revisando todo: finanzas, contabilidad, contratos, relaciones laborales. Con esa radiografía, definirá cómo mantener la sostenibilidad del negocio durante el litigio. Además, ya está coordinando con el Ministerio de Trabajo para garantizar que los empleados no queden en la calle y que sus derechos laborales se protejan en esta intervención.

Durante los operativos, la directora de la SAE, Amelia Pérez, notó algo curioso: varios gerentes no estaban en los locales. Según la información recopilada, habrían sido enviados a trabajar desde casa porque tenían conocimiento previo del operativo. Un detalle que refuerza la hipótesis de que dentro de la empresa ya sabían lo que se venía.

Detrás de todo esto está la Fiscalía, que sostiene que existe una red criminal organizando estas operaciones. Según sus cálculos, el lavado de activos superaría los 730 mil millones de pesos, mientras que el enriquecimiento ilícito llegaría a más de 430 mil millones. Cifras que hablan de una operación de gran escala, no de un asunto menor.

La SAE también pedirá acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para que el proceso sea transparente y se haga bajo escrutinio público. Es la forma de asegurar que mientras la justicia define qué pasa con Lili Pink, la administración de sus activos sea limpia y beneficie al Estado, no a particulares.