En un conversatorio dedicado a la seguridad vial, Roy Barreras cargó toda la responsabilidad sobre los hombros del Estado colombiano. El candidato presidencial fue directo en su mensaje: mientras el país se alarma por masacres y asesinatos de líderes sociales, miles de personas siguen muriendo en las vías sin que exista una respuesta contundente de las autoridades.

"Hoy han muerto ya 17 motociclistas. Todos los muertos de lo que se llaman accidentes viales, y que realmente son violencia vial, tienen responsables. El primer responsable no es el conductor ni el motociclista, es el Estado", aseguró. Las cifras que mencionó son contundentes: nueve mil personas perdieron la vida el año pasado en las carreteras. Para Barreras, la situación revela que los gobiernos nacionales nunca han convertido la seguridad vial en una verdadera prioridad.

Barreras cuestionó con dureza que, a pesar de la aprobación de leyes y la creación de entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los resultados sigan siendo insuficientes. Recordó que durante su paso por el Congreso impulsó estas iniciativas y la aprobación de la ley de alcoholemia. Pero lo que más le preocupa es que las políticas no se ejecutan correctamente. "No basta con legislar, hay que ejecutar y gobernar", afirmó. También criticó que la Ley Julián Esteban, enfocada en fortalecer el sistema seguro de movilidad, lleve tres años sin reglamentarse.

Un aspecto que tocó con insistencia fue la situación de los motociclistas, quienes representan cerca del 70 por ciento de las víctimas fatales en las vías. Barreras fue crítico con la comercialización de motocicletas económicas que, a su juicio, no cumplen estándares mínimos de seguridad. "Se permitió vender motos muy baratas a los colombianos para que pudieran movilizarse, pero muchas no tienen frenos ABS ni condiciones técnicas adecuadas. Son motos que no venderían en otros países del mundo", señaló. El candidato también denunció irregularidades en los procesos de expedición de licencias de conducción. "Aquí se regalan, se venden y se compran licencias. Muchos centros de enseñanza y diagnóstico son negocios ilegales", afirmó, y propuso fortalecer la vigilancia estatal para cerrar estos establecimientos fraudulentos.

Para Barreras, la solución pasa por cambiar el enfoque completamente. Propone que la seguridad vial deje de ser un asunto secundario del sector transporte y se convierta en una política de salud pública prioritaria. "El primer decreto presidencial debe garantizar que la seguridad vial sea una política pública prioritaria", sostuvo. De llegar a la Presidencia, aseguró que trasladaría esta cuestión al "corazón del Palacio Presidencial". También propone reglamentar de inmediato la Ley Julián Esteban y establecer políticas estrictas de control de velocidad ciudad por ciudad, ya que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de muertes en las carreteras.