Antioquia vuelve a enfrentar una crisis recurrente que golpea directamente el bolsillo de miles de familias: el robo masivo de cables de energía. Según EPM, más de 763.000 usuarios han sufrido cortes de servicio este año por hurtos y vandalismo contra la infraestructura eléctrica. Cifras que duelen más cuando se conoce que los daños ya rondan los 25.000 millones de pesos.

El problema no es nuevo, pero sigue creciendo en zonas específicas del departamento. El Bajo Cauca, el Norte y Nordeste antioqueño concentran la mayoría de estos delitos, junto con municipios del Valle de Aburrá como Medellín, Bello, Caldas, La Estrella y Envigado. Detrás de casi todos estos casos está el mismo objetivo: robar cobre de los cables para venderlo como chatarra. Un negocio que parece rentable en el corto plazo pero que genera un daño monumental a toda la comunidad.

Los apagones que provoca este delito no son solo un inconveniente pasajero. Pueden dejar sin servicio durante días a hospitales, colegios y negocios que dependen de la energía. Además, ponen en riesgo la estabilidad de todo el sistema eléctrico de la región. Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, señaló que "los recursos destinados a reparar estos daños podrían invertirse en la modernización y expansión de la infraestructura para mejorar el servicio".

Es decir, mientras unos pocos roban cables para ganar dinero fácil, miles de antioqueños pierden la oportunidad de contar con un sistema de energía más moderno y confiable. EPM trabajo de manera conjunta con autoridades para identificar y judicializar a los responsables. La empresa recordó que el hurto y el daño a infraestructura de servicios públicos pueden significar penas de hasta 21 años de prisión.

Pero no todo depende de la empresa ni de las autoridades. El llamado es claro: si ves movimientos sospechosos en postes, transformadores o redes eléctricas, repórtalo. Es un acto simple que puede evitar que miles de personas se queden sin luz mañana.