En una intervención en Rounds FM de La FM, Jorge Enrique Robledo y Alejandro Ocampo expusieron posturas completamente opuestas sobre lo que debe hacer Ricardo Roa en Ecopetrol, ahora que enfrenta una acusación formal de la Fiscalía General de la Nación.

Ocampo considera que la junta directiva de Ecopetrol cometió un error al otorgarle una licencia a Roa. Para el senador electo, el directivo "debió haber dejado a Ricardo Roa en la presidencia" porque los funcionarios públicos deben "responder por sus actos desde el cargo". Según Ocampo, la salida de Roa del cargo genera un escenario que no es el mejor para el momento actual de la empresa.

Robledo ve las cosas de forma radicalmente distinta. El exsenador afirmó que "no puedo estar de acuerdo" con la postura de Ocampo y argumentó que después de una acusación formal de la Fiscalía, se le debió pedir la renuncia. Su argumento central es que una empresa que cotiza en mercados internacionales "no puede tener a un presidente sub júdice" (esto es, mientras está bajo investigación judicial). Para Robledo, esto representa un impacto en los intereses de Ecopetrol como compañía.

El punto de quiebre entre ambos está en cómo interpretar la presunción de inocencia. Ocampo enfatizó que "no hay ninguna condena" contra el directivo y señaló que en Colombia rige la presunción de inocencia. Argumentó que no tiene lógica que una acusación derive en una sanción anticipada. Robledo matizó que se trata de una acusación que proviene después de una investigación de varios años, no de una simple acusación ligera.

Para Robledo, existe una diferencia importante entre una acusación y una condena, pero eso no es lo relevante en este caso. El exsenador sostuvo que un presidente de una compañía, pública o privada, "tiene el deber de renunciar" cuando enfrenta este tipo de señalamientos, con el fin de ejercer su defensa fuera del cargo y poder responder "como un ciudadano común y corriente". Calificó como "desproporción" la tesis de no solicitar la renuncia sin que exista una condena.

Ocampo contraatacó diciendo que retirar al directivo mientras se adelanta la investigación "es como condenarlo sin haber sido vencido en juicio" e insistió en que corresponde a la Fiscalía presentar los cargos en el proceso que continúa en etapa de juicio. Aseguró que "no se le puede negar el derecho a defenderse" y que será en la sentencia donde se determine si las acusaciones tienen validez.

El debate pone de relieve dos visiones sobre la ética pública: la de Ocampo, que prioriza esperar un pronunciamiento judicial antes de pedir renuncias, y la de Robledo, que cree que los funcionarios deben cuidar la apariencia de honradez y apartarse cuando enfrentan cuestionamientos graves. Robledo subrayó que es necesario que los funcionarios "sean honrados y parezcan honrados", algo que considera especialmente importante en alguien que dirige una empresa del tamaño e importancia de Ecopetrol.