Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa estatal más grande del país, está en medio de un juicio. La Fiscalía tenía todo preparado: el expediente listo, los testigos citados, las fechas fijadas en el calendario de la justicia. Entonces, ¿qué hizo Roa? Pidió vacaciones. Y de paso, licencia no remunerada. En el lenguaje del derecho popular colombiano, eso se llama una "jugadita".

Pero la historia es más compleja. Todo empezó cuando salió a la luz que Roa había recibido dinero de 'Papá Pitufo'. Los explicadores de la situación dijeron que sí, que efectivamente recibieron la plata, pero que la devolvieron. Que todo quedó en ceros, en paz, en nada. El problema es que no existe una prueba de que esa devolución haya ocurrido. Solo la palabra de quienes tienen un enorme interés en que alguien les crea.

En Colombia este patrón se repite desde hace décadas con distintos personajes. El guión es siempre el mismo: reciben, niegan, dicen que devolvieron, y cuando la justicia se acerca, sacan el manual de supervivencia: pedir más tiempo. Vacaciones, licencias, incapacidades médicas, viajes urgentes. Lo que sea para meter distancia entre el cargo público, el expediente y la audiencia. Mientras tanto, los abogados siguen trabajando, los testigos se cansan, las pruebas envejecen y la opinión pública mira hacia otro escándalo, porque Colombia siempre tiene uno para ofrecer.

Lo que Roa entiende muy bien es que el cargo, mientras lo tenga, es su mejor defensa. La Presidencia de Ecopetrol no es para él una responsabilidad. Es una coraza. Se usa cuando sirve, se abandona cuando aprieta, y se recupera cuando pasa la tormenta. Pero hay algo que va mucho más allá de Roa y su particular "jugadita": esta clase política es adicta al cargo, a la silla, al carro oficial, a la tarjeta con membrete del Estado, a la foto con el poderoso de turno. Porque sin eso son lo que siempre fueron: ciudadanos comunes con cuentas que rendir y sin nadie que los proteja.

Por eso no se van solos. No renuncian cuando el honor y el país lo pedirían a gritos. No dicen "voy a enfrentar esto como ciudadano de a pie, sin privilegios, sin escudos institucionales". Se aferran, negocian, piden tiempo. Invocan el cargo como si fuera un derecho de por vida y no una responsabilidad temporal.

El servicio público tiene una regla que estos personajes nunca entendieron: es temporal. Uno llega, sirve, se va. No es su casa, no es su empresa, no es su herencia. Es un mandato que la sociedad confía por un tiempo limitado, con reglas claras y con consecuencias cuando se rompen. Las vacaciones no borran los hechos. La licencia no suspende la verdad. Al final, la justicia importa.