En Riohacha hay un pulso entre la administración local y sus inspectores de policía. La alcaldía aparentemente se resiste a cumplir con la Ley 2492 de 2025, que es bien clara: aumentar los salarios de estos servidores públicos, cambiarles el título a Inspectores de Convivencia y Paz, y formar equipos interdisciplinarios para fortalecer el trabajo de policía en la ciudad.

Lo que preocupa más es lo que habría pasado después. Según denuncias ciudadanas, el inspector José Barragán Peralta enfrentó presiones cuando exigió que se cumpliera la norma. Supuestamente, la administración le planteó la idea de quitarle funciones o incluso sacarlo del cargo, justificándose en que la planta de personal es global. Pero aquí viene el punto clave: Barragán tiene funciones policivas específicas y concretas, lo que significa que no se puede tocar arbitrariamente lo que hace.

El caso se vuelve todavía más incómodo cuando se mira hacia otros municipios guajiros. Uribia y Manaure, ciudades con presupuestos considerablemente más bajos que el de Riohacha, ya implementaron la Ley 2492 desde enero y sin problema. Eso deja una sola conclusión al aire: parece que en Riohacha no es un tema de dinero, sino de decisión política.

Los inspectores de policía son la autoridad más cercana en los barrios y vereda. Todos los días atienden conflictos entre vecinos, recuperan espacios públicos y protegen derechos que afectan a toda la comunidad. Cuando alguien reclama lo que la ley le garantiza y recibe presiones a cambio, el asunto deja de ser un simple trámite administrativo. Se convierte en una alerta sobre cómo se ejerce el poder en la ciudad.