La situación del Programa de Alimentación Escolar en La Guajira llegó a su punto de quiebre. Este jueves, líderes sociales e indígenas se concentraron en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha para enfrentar directamente la administración del alcalde Genaro Redondo y exigir respuestas sobre los problemas que afectan este servicio esencial. El mensaje fue claro: necesitan que el gobierno local cumpla con los pagos a los operadores y garantice la continuidad del programa.

Los voceros que participaron en la manifestación fueron contundentes en sus demandas. Pidieron la intervención inmediata del gobierno distrital y exigieron que se adelanten acciones concretas para proteger a los estudiantes beneficiarios. También insistieron en algo que parece obvio pero que no está sucediendo: establecer espacios reales de diálogo donde se puedan encontrar soluciones a los problemas que están dejando sin comer a cientos de menores.

Pero la protesta en Riohacha fue solo una parte de la ecuación. En la Troncal del Caribe, entre Riohacha y Maicao, las comunidades indígenas wayuu mantienen movilizaciones propias. Reclaman atención integral para cerca de 1.200 niños, niñas y adolescentes que, según denuncian, están sin acceso a servicios de pilotaje y a las Unidades Comunitarias de Atención. Además, exigen la instalación de una mesa de concertación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Lo que está en juego es mucho más que un programa. Los manifestantes advierten que continuarán ejerciendo su derecho a la protesta hasta obtener respuestas claras y compromisos concretos, porque consideran que la garantía de los derechos de los menores no puede seguir aplazándose. Las movilizaciones simultáneas en diferentes puntos de La Guajira muestran un descontento generalizado de los sectores sociales e indígenas frente a cómo se está atendiendo la niñez en el departamento.

Los líderes hicieron un llamado directo a las entidades del orden distrital y nacional para que prioricen estas problemáticas. La realidad es que mientras se debate en escritorios, cientos de familias, especialmente las comunidades wayuu, siguen viendo cómo sus hijos van a la escuela sin la seguridad de tener algo que comer.