Mientras en ciudades de todo el país los gobiernos se empeñan en recuperar y dignificar el espacio público, en Riohacha ocurre lo opuesto. La informalidad avanza sin freno, consumiendo poco a poco lo que queda de áreas que deberían pertenecer a todos los riohachenses. Y el panorama se oscurece más porque, año tras año, las administraciones de turno permanecen prácticamente inmóviles frente al problema.

En la capital guajira es cada vez más común ver cómo vendedores informales se apropian de sitios estratégicos sin que la administración distrital levante la mano. El mercado viejo, el mercado nuevo y la calle primera son ejemplos vivos de esta ocupación gradual. Uno de los costos más visibles ha sido el desplazamiento de las indígenas wayuú que tradicionalmente comercian artesanías en esos lugares. Poco a poco fueron perdiendo terreno, y hoy su presencia se ha reducido significativamente.

Lo preocupante es que la indiferencia oficial parece ser la invitación que necesitaban quienes se apropian de estos espacios. Cuando la autoridad no actúa y la comunidad tampoco reclama con fuerza, queda claro el mensaje: aquí se puede. Así funciona la permisividad en las ciudades.

Para organismos internacionales como ONU-Hábitat, el espacio público no es un lujo sino un componente fundamental de ciudades que funcionan bien. Según sus investigaciones, "el espacio público es un componente crucial de las ciudades y comunidades sostenibles: proporciona servicios ecosistémicos, mejora la salud y el bienestar, garantiza la inclusión social y el intercambio económico, y por lo tanto enriquece la calidad de vida de todos los habitantes urbanos sin dejar a nadie atrás". Las ciudades que operan correctamente destinan alrededor del 50% de su superficie a estos espacios, aunque pocas en el mundo logran esa meta.

Lo que ocurre cuando falta espacio público de calidad es predecible pero doloroso: aumenta la delincuencia, crecen las tensiones sociales, la salud de los ciudadanos se resiente y hay más congestión. Es un efecto dominó que deteriora la vida en la ciudad.

Los expertos señalan que espacios públicos bien mantenidos tienen el poder contrario: generan comunidades más seguras, reducen desigualdades, impulsan economías locales y permiten que la naturaleza respire en el concreto urbano. Todo eso está en juego en Riohacha.

La pregunta que cuelga en el aire es clara: ¿quién va a responder por esto? La administración distrital tiene el deber de abrir los ojos, trabajar con expertos para entender realmente qué está pasando con la ciudad y su gente, y proponer soluciones concretas a corto y mediano plazo. El espacio público de Riohacha no es negociable: le pertenece a todos.