En Riohacha, abrir la llave del acueducto sigue siendo un acto de pura incertidumbre. Aunque miles de millones de pesos se han invertido en construir y mejorar el sistema desde 1994, el agua simplemente no llega a los hogares con la regularidad que debería. Los riohacheros están cansados de una promesa incumplida durante años.

Por eso líderes de todas las corrientes políticas se pusieron de acuerdo en algo poco común: convocar a un cabildo abierto. No se trata de un debate técnico más ni de una disputa política pasajera. Lo que está en juego es mucho más grave: la dignidad de una población que ha aprendido a vivir sin garantías básicas mientras paga por un servicio que, en muchos casos, simplemente no existe.

El cuestionamiento al contrato con Aqualia S.A. ESP toca un punto incómodo. La infraestructura actual no ha sido suficiente para una ciudad que crece sin planeación, y el modelo actual de prestación del servicio de agua potable y alcantarillado ha fracasado. No es casualidad que este llamado ciudadano se respalde en la Constitución Política de Colombia y en la Sentencia T-302 de 2017, que ya reconoció un estado de cosas inconstitucional en La Guajira. Tampoco es menor que la Procuraduría General de la Nación haya solicitado la nulidad del contrato por presuntas irregularidades.

El cabildo abierto es una oportunidad para que el Concejo Distrital y la Alcaldía de Riohacha enfrenten de frente las preguntas que han quedado sin respuesta durante años: ¿Por qué no hay agua constante en una región que debería tenerla? ¿Cómo se justifican los cobros a usuarios sin servicio? ¿Quién responde por los subsidios que, según denuncias, terminan en manos de usuarios fantasmas?

Lo preocupante sería que esta reunión se convierte apenas en un desahogo momentáneo de la indignación colectiva, sin consecuencias reales. Lo esperanzador es que pueda marcar el inicio de una transformación profunda en la gestión de este recurso vital.

En Riohacha, el agua no puede seguir siendo un privilegio que aparece y desaparece, ni un negocio opaco para unos pocos. Debe ser lo que la ley establece y la ética exige: un derecho garantizado. Y ese derecho, hoy más que nunca, está siendo reclamado en las calles, en los documentos radicados y en la voz colectiva de ciudadanos que finalmente se atrevieron a decir basta.