En Río Viejo, municipio del sur de Bolívar, la situación se pone cada vez más tensa. El aumento de casos de dengue y las muertes relacionadas con la enfermedad han encendido las alarmas en los organismos de vigilancia ciudadana. La Veeduría en Salud Color Esperanza salió a denunciar públicamente lo que describe como una grave crisis sanitaria que requiere respuestas inmediatas.

A través de un comunicado, la organización expresó su preocupación ante lo que considera una emergencia que demanda acción urgente de las autoridades sanitarias del departamento, del municipio y de las entidades que prestan los servicios de salud. Entre las medidas que solicita están la vigilancia epidemiológica intensificada, fumigación y control del mosquito transmisor, campañas de prevención, eliminación de criaderos y el fortalecimiento de la capacidad de atención médica en los hospitales locales.

Sin embargo, lo que más alarma a la veeduría son las denuncias que ha recibido de ciudadanos sobre presuntas fallas en la atención del Hospital Local de Río Viejo. Según los testimonios que maneja la organización, algunos pacientes con síntomas de dengue no recibieron oportunamente los estudios, análisis o valoraciones necesarias para detectar la gravedad de su condición. Esto habría ocasionado que varios enfermos fueran remitidos a otros municipios o departamentos cuando su estado de salud ya estaba seriamente comprometido, una situación que ahora genera preocupación en la comunidad.

Ante estos señalamientos, la Veeduría en Salud Color Esperanza pidió a la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal que investiguen si existieron irregularidades que pudieran haber vulnerado el derecho fundamental a la salud de los pacientes. También hizo un llamado directo a la EPS Mutual Ser para que fortalezca las acciones de prevención y garantice el acceso oportuno a consultas, exámenes diagnósticos y tratamientos.

La organización recordó que la salud es un derecho fundamental protegido por la Constitución y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por lo que insistió en que las autoridades tienen la obligación de actuar rápido para proteger la vida de los habitantes. Mientras tanto, en el sur de Bolívar crece la inquietud entre las familias, que esperan ver acciones concretas que controlen una problemática que podría agravarse si no se toman medidas urgentes.