Las elecciones para las 16 curules de paz que se disputarán el 8 de marzo de 2026 lucen complicadas desde ahora. La Misión de Observación Electoral lanzó un diagnóstico que pone los pelos de punta: 103 municipios de los 168 que conforman estas circunscripciones transitorias especiales están en algún nivel de riesgo. No es cualquier cosa.

Las CITREP son algo particular en la jornada legislativa. Son 16 circunscripciones creadas específicamente para dar representación a territorios que sufrieron lo más duro del conflicto armado. En teoría suena bien. En la práctica, son zonas donde hacer campaña es complicado, donde votar tranquilo es un lujo y donde la presencia de grupos armados o economías ilegales puede influir en lo que pase en los puestos de votación.

Lo preocupante es que la cosa se está agravando. La MOE reporta que los municipios catalogados en riesgo extremo saltaron de 43 en 2022 a 63 en 2026. Eso representa un aumento del 46,5% en solo cuatro años. Y no se trata de alertas aisladas. El informe identifica zonas donde se cruzan violencia y riesgo de fraude al mismo tiempo, concentradas en regiones como el sur de Meta y Guaviare, Caquetá, sur de Bolívar, Catatumbo, Cauca y el piedemonte amazónico.

Un dato que refleja la gravedad del panorama es la caída en el número de candidatos dispuestos a participar. En 2022 había 405 candidaturas; ahora serán apenas 253, una reducción de casi la mitad. La razón es de sentido común: conseguir plata para campaña es difícil, moverse por territorios con grupos armados implica riesgo real, y no mucha gente está dispuesta a exponerse así. Menos candidatos significan menos representación genuina en territorios que ya de por sí están marginados.

En cuanto a los riesgos específicos, la MOE encontró que casi todas las zonas CITREP reportan alertas por violencia: 96,4% de los municipios, comparado con 76% hace cuatro años. Para temas de fraude electoral, identifica riesgos en 106 municipios en las elecciones a Cámara y 110 para Senado, con 89 municipios que enfrentan ambas amenazas simultáneamente. El informe también señala algo inquietante: hay una superposición clara entre municipios en riesgo extremo y áreas con mayor cultivo de coca.

A todo esto se suma un factor climático que complica aún más las cosas. Con la temporada de lluvias, la MOE advierte problemas logísticos en tres circunscripciones del Pacífico, Córdoba y Bolívar. Según datos del IDEAM (el instituto de meteorología), hay 2.884 puestos de votación ubicados en zonas de alerta roja por lluvia, que podrían afectar a más de cinco millones de personas habilitadas para votar. Es decir, que algunos colombianos ni siquiera podrán llegar a votar por el estado de las vías.

Lo que está pidiendo la MOE es claro: una comisión nacional de seguimiento electoral específica para estas elecciones de paz. Argumenta que la coordinación entre Gobierno, fuerza pública y autoridades electorales es fundamental para proteger a los candidatos que se animen a participar, vigilar patrones sospechosos en la votación y asegurar que la gente pueda votar sin presiones. El fondo del asunto es simple pero grave: en estas zonas, el problema no es solo quién gana. Es si se puede competir y votar respetando reglas mínimas.