En Bello crece la preocupación por un caso que podría terminar en la impunidad: la familia de Sara Millerey González Borja teme que los dos hombres acusados de su asesinato recuperen la libertad por culpa de los constantes aplazamientos en el proceso judicial. La noticia golpea fuerte a quienes reclaman justicia para esta mujer trans cuya muerte fue marcada por una violencia extrema.

Juan Camilo González, tío de Sara Millerey, explicó que las audiencias se han postergado en varias ocasiones. Primero vinieron los problemas con la fiscal anterior y después los cambios en el personal investigador. Incluso una diligencia que estaba programada recientemente tampoco pudo realizarse. Cada retraso acerca el riesgo de que expire el tiempo permitido por la ley para mantener a los acusados en prisión.

Sandra Borja, madre de la víctima, no oculta su frustración. La mujer pidió directamente a la Fiscalía y a los jueces que se muevan más rápido. Después de meses de investigación, lo que urge ahora es que los responsables enfrenten una condena real y no se vayan libres por culpa de demoras procesales que no tienen justificación.

La alcaldesa Lorena González Ospina se sumó a este reclamo. La administración de Bello rechaza de frente la eventual salida de los implicados y advirtió que su excarcelación sería la prueba de demoras injustificadas en el expediente. González Ospina insistió en que este crimen debe investigarse como un transfeminicidio, dada la brutalidad con la que fue ejecutado, y se comprometió a que la alcaldía seguirá vigilando cada paso del proceso judicial.

Los acusados, Juan Camilo Muñoz Gaviria y Juan David Echavarría, son señalados de haber retenido y agredido a Sara Millerey antes de arrojarla a la quebrada La García. Aunque fue rescatada por familiares y organismos de socorro, sus lesiones fueron tan graves que no sobrevivió. Por esto enfrentan cargos por homicidio agravado y tortura agravada.

Las autoridades continúan con las diligencias pendientes mientras crece la presión de la familia, organizaciones sociales y autoridades locales para que el sistema de justicia no falle otra vez.