Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022 y actualmente es presidente de Ecopetrol, compareció ante un juez de control de garantías en Bogotá donde la Fiscalía le imputó cargos por presunta violación de topes electorales. Sin embargo, Roa no aceptó las imputaciones, lo que significa que el caso continuará su curso en el sistema penal ordinario.

Lo que la Fiscalía plantea es que durante su rol como gerente de campaña, Roa tuvo responsabilidad en la dirección, autorización y manejo de los recursos electorales. Según la acusación, habría aprobado pagos, realizado movimientos presupuestales y operado la cuenta única de recaudo y distribución de dineros para la campaña presidencial.

Los números que maneja la Fiscalía revelan la envergadura del presunto incumplimiento. En la primera vuelta electoral, el tope permitido era de $28.536 millones, pero la campaña habría gastado $29.924 millones, lo que representaría un exceso de $1.388 millones. Adicionalmente, el ente acusador identificó gastos por $1.193 millones que nunca fueron reportados o que se reportaron de forma incompleta. En la segunda vuelta, los números también salen del límite: gastos reales por $13.623 millones cuando el tope era de $13.347 millones, con $770 millones en recursos presuntamente no reportados.

Entre los servicios y pagos que la Fiscalía señala como no reportados correctamente están transacciones con empresas como Mi Colombia Travel, Neuro Data y Turismo al Vuelo, además de aportes a organizaciones como el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera. Otro punto que preocupa a los investigadores es que algunos gastos aparentemente fueron registrados en una vuelta electoral distinta a cuando realmente ocurrieron, lo cual es relevante porque los límites de gasto se calculan por etapa y no como una cantidad global.

Este caso no es completamente nuevo. El Consejo Nacional Electoral ya había revisado estas irregularidades desde el plano administrativo electoral y dejó en firme una sanción contra la campaña Petro Presidente después de resolver recursos y recusaciones. Ahora la diferencia está en que la Fiscalía busca ir más allá: no solo determinar si los reportes fueron irregulares, sino establecer si Roa, como gerente, incurrió en responsabilidad penal individual por esas actuaciones.

La defensa de Roa ha enfatizado que existe presunción de inocencia y que controvertirá todas las imputaciones dentro del proceso penal. El abogado Juan David León Quiroga ha señalado que Roa debe contar con garantías procesales para ejercer adecuadamente su defensa frente a los señalamientos.

El proceso ahora entra en las etapas propias del trámite penal. Roa podrá presentar sus argumentos y controvertir los elementos de la Fiscalía, mientras que un juez decidirá sobre las solicitudes de ambas partes. De esta manera, sigue bajo revisión judicial uno de los debates más delicados que dejó la financiación de la campaña presidencial de 2022 en Colombia.