Por segunda ocasión se cayó la audiencia programada contra Ricardo Roa Barragán. El Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá no pudo realizar la diligencia de este miércoles porque el procesado simplemente no se conectó. La investigación gira en torno a presuntas violaciones de los topes electorales durante su rol como gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022.

Con la ausencia de Roa, el proceso quedó sin poder avanzar. El juzgado ordenó devolver el caso al Centro de Servicios Judiciales para que la Fiscalía solicite una nueva fecha de audiencia. Por ahora no hay claridad sobre cuándo será ese nuevo intento.

La inasistencia cobra relevancia porque Roa comenzó sus vacaciones justo el martes 7 de abril, luego de que la junta directiva de Ecopetrol le aprobara siete semanas de receso más un mes de licencia sin remuneración. El ingeniero Juan Carlos Hurtado, que era su primer suplente, está dirigiendo la petrolera mientras tanto. Se estima que Roa regrese a finales de junio.

Conviene recordar que el Consejo Nacional Electoral encontró a la campaña de Petro responsable de excesos importantes. En la primera vuelta, el exceso en ingresos y gastos llegó a 2.459 millones de pesos, con una omisión de reportes de 2.611 millones. En la segunda vuelta hubo un exceso de 583 millones y omisión de gastos de 1.087 millones. En total fueron más de 3.500 millones de pesos por encima de lo permitido. El CNE concluyó que parte de la financiación provino de fuentes prohibidas y que hubo aportes que debían declararse pero se ocultaron. Los desembolsos no reportados incluían pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo.

Pero el panorama judicial de Roa es más complejo. También enfrenta investigación por tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Roa y el empresario Juan Mancera, descrito como cercano al presidente, hicieron un negocio para la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques en Bogotá. El valor comercial del inmueble se calculaba en 2.727 millones de pesos, pero Roa lo terminó comprando por 1.800 millones. Eso representa un descuento de aproximadamente 927 millones de pesos, cerca del 34 por ciento por debajo del precio de mercado.

La Fiscalía sostiene que tiene evidencia suficiente para sustentar la imputación por esta transacción. El caso mantiene bajo presión tanto la situación legal de Roa como su permanencia al frente de la principal empresa estatal del país.