Ricardo Roa se convirtió esta semana en otro de los funcionarios del gobierno Petro procesados por la justicia. A diferencia de otros casos similares, el presidente de Ecopetrol sí compareció ante la Fiscalía. En cuestión de minutos, los investigadores expusieron los cargos por tráfico de influencias y Roa respondió negando todo. Pero lo que parecía una audiencia breve encierra una historia más complicada que involucra dinero, favores y una cadena de contactos que levantó sospechas.

El núcleo de la acusación es bastante directo: Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces cabeza de Hocol (la filial de Ecopetrol dedicada a exploración y producción), para que un proyecto energético llamado Chuchupa-Ballena LNG terminara en manos de una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera. El detalle incómodo es que Roa y Mancera tenían historia previa.

Ese vínculo anterior fue una compra de apartamento. Roa adquirió el apartamento 901 del edificio Entre Parques en Bogotá por 1.800 millones de pesos, aunque su valor real de mercado rondaba los 2.727 millones. Es decir, pagó casi un 34 por ciento menos de lo que valía. Mancera no solo fue quien conectó la operación: también garantizó el pago en cuotas sin intereses. El documento de compraventa se firmó el 7 de diciembre de 2022, pero según la Fiscalía, los pagos verdaderos ocurrieron después, entre enero de 2023 y marzo de 2024, canalizados a través de una empresa vinculada a Mancera.

Para la Fiscalía, ese descuento jugoso en el apartamento explica por qué Roa habría querido retribuir a Mancera. El presidente de Ecopetrol supuestamente dio instrucciones en al menos dos ocasiones. La primera fue el 20 de agosto de 2024, en un almuerzo en el restaurante Flora de Bogotá tras una junta directiva de Hocol. Allí Roa le habría dicho a Rojas que el contrato debía ir para GAXI ESP S.A.S., la compañía de Mancera. Meses después, entre septiembre y octubre, volvió a repetir la instrucción, esta vez en las oficinas de Ecopetrol, pidiendo quedarse a solas con Rojas.

La Fiscalía enfatizó que no se trata solo de un consejo empresarial, sino del abuso de autoridad. Como lo señaló la fiscal: "La compraventa de un apartamento no es delito por sí sola, pero cuando quien obtiene un beneficio en esa operación, ya como servidor público y presidente de Ecopetrol, intenta favorecer a la persona que lo benefició, usando su posición para instruir a otro funcionario a entregar un contrato o proyecto a una empresa vinculada a ese empresario, eso sí se vuelve delictivo".

Ahora Roa enfrenta dos caminos judiciales. En el primero, la Fiscalía tiene 30 días para decidir si presenta acusación formal y lleva el caso a juicio. En el segundo, programado para el 12 de marzo, deberá responder por violación de topes electorales en la campaña presidencial de Petro en 2022, proceso en el que ya fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral. Por ahora, el presidente de Ecopetrol mantiene su negación en ambos casos.