El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, volvió a no presentarse a una cita judicial clave. Esta vez se trata de la audiencia de formulación de imputación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La sorpresa llegó con la justificación: su abogado, Juan David León Quiroga, explicó que Roa no compareció al Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá porque tenía "compromisos académicos".

Desde su defensa pidieron reprogramar o aplazar la diligencia, pero el despacho rechazó la propuesta. El juzgado, a través de la Fiscalía, dejó claro que solo esperaría hasta las 9:30 de la mañana del miércoles por otros compromisos judiciales que tenía. Ante esto, el expediente fue devuelto para que la Fiscalía solicite una nueva fecha, dejando en suspenso una diligencia que aún no tiene día programado.

Lo particular del asunto es el contexto: Roa comenzó sus vacaciones el 7 de abril tras obtener el visto bueno de la junta directiva de Ecopetrol para tomarse siete semanas de descanso, más un mes adicional sin remuneración, es decir hasta finales de junio. En su ausencia, el ingeniero Juan Carlos Hurtado asumió la presidencia de la petrolera.

Abogados consultados por EL COLOMBIANO tienen opiniones divididas sobre lo que pasa ahora. Sebastián Rondón, penalista, señaló que "Considero que la orden de captura sería desproporcionada. Lo que sí se abre como posibilidad es que la Fiscalía, en la próxima diligencia, pueda solicitar la contumacia, es decir, declarar la rebeldía de quien no asista al proceso". Los expertos coinciden en que hay dos escenarios: declarar la contumacia de Roa si hay una tercera ausencia, o que la Fiscalía acelere una orden de captura argumentando riesgo de fuga.

Las investigaciones que enfrenta Roa son serias. El Consejo Nacional Electoral remitió el caso en noviembre pasado después de encontrar irregularidades en la financiación de la campaña de Petro. Los números son contundentes: más de 3.500 millones de pesos que no cuadran. En la primera vuelta superaron los topes por 2.459 millones y ocultaron 2.611 millones. En la segunda vuelta los desbordes fueron de 583 millones y los gastos ocultos de 1.087 millones.

Además, enfrenta otra investigación por tráfico de influencias relacionada con la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques. Aunque el inmueble estaba valorado en 2.727 millones de pesos, Roa lo adquirió por 1.800 millones, un descuento de casi el 34 por ciento. La Fiscalía sospecha que detrás de ese precio hubo relaciones poco claras con el empresario Juan Mancera, quien participó en la operación.

Su abogado insistió que no hay dilación. En diálogo con La FM, León explicó que había informado a la Fiscalía el 5 de abril sobre los compromisos académicos. Aseguró que "No existe el más mínimo interés ni en dilatar, ni en entorpecer, ni en obstruir la administración de justicia. Por el contrario, hemos sido nosotros los más interesados en esclarecer los hechos". Mientras tanto, los expedientes avanzan en los juzgados y Roa regresará a finales de junio, cuando probablemente ya habrá más movimientos en sus casos.