Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y ex gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, no podrá tomarse el descanso que la junta directiva de la petrolera estatal le acaba de autorizar. Este miércoles 8 de abril lo espera una audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos por la presunta financiación ilegal de la campaña del Pacto Histórico en 2022. Los investigadores sostienen que durante su gestión como gerente se violaron sistemáticamente los topes legales de gastos e ingresos permitidos para una contienda electoral.

Las cifras que respaldan la acusación son contundentes. En la primera vuelta, la campaña superó los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022 con un exceso de 2.459 millones de pesos, mientras que la omisión total de reportes alcanzó 2.611 millones. En la segunda vuelta, los números vuelven a estar en rojo: un exceso de 583 millones y gastos no reportados por 1.087 millones de pesos. En total, la Fiscalía habla de más de 3.500 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral ya había impuesto la responsabilidad solidaria a Roa en noviembre pasado, ordenando al Estado recuperar 2.447 millones de esos recursos.

El caso gira en torno a la posición privilegiada que Roa ocupaba en la campaña. Como gerente, tenía autoridad para autorizar gastos, firmar contratos y aprobar operaciones contables. Según el CNE, esto le daba control centralizado sobre toda la gestión económica. En su defensa, Roa aseguró que mantenía un reporte continuo a la plataforma Cuentas Claras, pero los investigadores consideran que precisamente ese control centralizado lo hace responsable de las irregularidades.

La ironía del cronograma no pasó desapercibida. La Fiscalía llevará a cabo la imputación apenas dos días después de que la junta directiva de Ecopetrol autorizara a Roa a tomar siete semanas de vacaciones más un mes de licencia no remunerada, un período que se extendería hasta finales de junio. Esas vacaciones quedan en suspenso por ahora. Juan Carlos Hurtado, vicepresidente ejecutivo de la compañía, asumirá las funciones durante la ausencia.

Pero los problemas legales de Roa no se limitan al financiamiento de campaña. El 11 de marzo pasado, la Fiscalía ya le imputó cargos en otro caso que toca intereses económicos más personales. Se investiga la presunta compra irregular de un apartamento en Bogotá donde habría mediado una negociación sospechosa. El inmueble, valuado comercialmente en 2.727 millones de pesos, fue adquirido por Roa en 1.800 millones, un descuento cercano al 34% del precio de mercado.

Según la Fiscalía, el intermediario en esa compra fue el empresario Juan Guillermo Mancera, quien además habría actuado como garante, permitiendo el pago en cuotas sin intereses. Los investigadores sugieren que ese beneficio previo guarda relación con gestiones posteriores de Roa. Específicamente, se indaga si Roa presionó a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que un proyecto de regasificación llamado Chuchupa-Ballena LNG fuera otorgado a una empresa vinculada a Mancera. En la audiencia de ese caso, Roa se declaró inocente y la Fiscalía decidió no solicitar medida de aseguramiento.