Un gesto político del ministro de Hacienda, Germán Ávila, tras la decisión del Banco de la República de subir la tasa de interés a 11,25% encendió las alarmas entre expertos constitucionalistas. El problema no es solo la molestia del funcionario con la medida, sino que su retiro de la Junta Directiva del banco central podría chocar frontalmente con lo que establece la Constitución del país desde 1991.

Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario y especialista en la materia, explicó a Portafolio (medio que originalmente reporteó esta situación) que esto es algo sin precedentes bajo la actual estructura constitucional. Según el académico, se trata de "una actuación personalísima" que no tiene respaldo ni en la Carta Política ni en los estatutos del banco emisor. El artículo 372 de la Constitución es claro: el jefe de la cartera de Hacienda no solo debe hacer parte de la Junta, sino que además la preside. No es una opción que pueda abandonar cuando no le gusta una decisión.

La coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República funciona como los frenos de un carro. Ambas entidades deben moverse alineadas para que la política fiscal (gastos e impuestos) y la política monetaria (tasas de interés y dinero en circulación) no se contradigan. Cuando el ministro se ausenta de la Junta, esa coordinación se debilita justo en un momento en que la economía colombiana atraviesa turbulencias. El diseño institucional colombiano es peculiar: a diferencia de otros países donde el Ejecutivo no participa en decisiones del banco central, aquí se optó por un modelo híbrido que permite que el Gobierno esté presente pero respetando la autonomía técnica.

Amorocho dejó clara una distinción importante. La autonomía del Banco de la República no está en riesgo porque la decisión de subir tasas se tomó por mayoría en la Junta, como debe ser. Lo que está en juego es el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de uno de sus miembros más importantes. Es decir, el sistema sigue funcionando, pero se resquebraja en el respeto a sus propias reglas.

Si este tipo de retiros llegaran a repetirse, advirtió el experto, las autoridades y organismos de control tendrían que intervenir formalmente para definir qué tan grave es incumplir un mandato constitucional. Sin embargo, Amorocho considera poco probable que el ministro abandone permanentemente la Junta. Un incumplimiento reiterado obligaría a la justicia constitucional a entrar en terrenos complejos sobre qué pasa cuando un funcionario rechaza deberes que la Constitución le impone.

El episodio reactiva un debate dormido desde hace décadas: si el modelo actual de participación del Ejecutivo en el banco central sigue siendo el adecuado. Amorocho responde que sí. Descartar la presencia del ministro de Hacienda en esas decisiones rompería el equilibrio entre la política fiscal y monetaria que ha permitido a Colombia navegar distintos ciclos económicos desde 1991. La tensión actual no revela un error en el modelo, sino pone a prueba su fortaleza ante choques políticos como el que ahora enfrenta el Gobierno.