En plena transición de poder, José Manuel Restrepo, quien será vicepresidente electo y coordina el proceso de empalme del nuevo gobierno, envió este domingo una comunicación formal a la Unidad Nacional de Protección. Su mensaje fue claro: que la UNP posponga cualquier nombramiento relacionado con el Decreto 0670 de 2026 hasta que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia el próximo 7 de agosto.

El decreto en cuestión, expedido por el gobierno saliente hace apenas dos días, modifica los requisitos para acceder a cargos de Oficial de Protección dentro de la UNP. Aunque Restrepo y su equipo reconocen que el presidente Gustavo Petro tenía todo el derecho constitucional para expedir esa norma, consideran que hay un problema de fondo: los nombramientos en seguridad presidencial no deberían definirse en los últimos estertores de una administración que está a punto de irse.

"La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente", expresó Restrepo en su comunicado público. La preocupación, según explica, es que decisiones administrativas apresuradas en este tipo de funciones críticas podrían comprometer el funcionamiento del próximo gobierno.

Pero Restrepo no solo pidió un pausa. También exigió que la UNP entregue un informe completo sobre todos los procesos de nombramiento que estén en marcha o proyectados bajo ese decreto. Quiere saber cuáles son los cargos, dónde están ubicados, cuántas vacantes hay por llenar antes del 7 de agosto y, lo más importante, cuánto dinero costaría todo esto.

Además, solicitó que le envíen toda la documentación: estudios técnicos, memorandos de justificación y antecedentes que expliquen por qué se cambió el decreto en primer lugar. También quiere ver el impacto presupuestal para 2026 y los años siguientes.

Restrepo enfatiza que estas solicitudes buscan garantizar transparencia durante el empalme. "Como director del proceso de empalme, velaré para que, con estricto apego a la Constitución y la ley, ninguna decisión de última hora comprometa la capacidad del nuevo Gobierno de cumplir el mandato que le otorgaron los colombianos", aseguró.

Este movimiento refleja la naturaleza delicada de cualquier transición de poder en temas de seguridad. Aunque el gobierno saliente tiene todo el derecho legal de tomar decisiones hasta el último día, la llegada de un nuevo presidente con un mandato electoral diferente hace necesario que los equipos compartan información y creen espacios para que el gobierno entrante tenga control sobre sus propias estructuras de protección.