Un operativo conjunto entre la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca sacó a la luz una situación de abandono y descuido que afectaba a más de 300 perros en Carmen de Carupa. El procedimiento, que se activó tras denuncias sobre las condiciones en que vivían estos animales, terminó con la judicialización de María Constanza García Aguirre, acusada de maltrato animal.

Lo que las autoridades encontraron en la vivienda no fue lo que se esperaba. Aunque el lugar funcionaba como un supuesto refugio para perros rescatados, los animales estaban concentrados en espacios muy reducidos y en un ambiente totalmente inadecuado. Varios de los perros presentaban claros signos de desnutrición, enfermedades y heridas que necesitaban atención veterinaria urgente. El suministro de agua, comida y cuidados básicos era deficiente, situación que había deteriorado progresivamente la salud de los caninos.

Lo más preocupante es que este lugar se presentaba públicamente como una fundación dedicada a albergar animales en situación de abandono. Las investigaciones ahora se concentran en establecer cómo operaba realmente la vivienda y qué sucedió con los recursos que presumiblemente se destinaban para el sostenimiento de estos perros. El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) lidera el caso con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias.

Durante la audiencia, García Aguirre no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, lo que significa que el proceso judicial continuará mientras avanzan las investigaciones y se recopilan pruebas. Mientras tanto, los más de 300 perros están bajo supervisión de las autoridades recibiendo alimentación adecuada, tratamiento médico y cuidados especializados. Su recuperación es ahora lo prioritario.