En Cartagena, durante la audiencia sobre crisis tarifaria y justicia energética convocada por el Senado, la representante a la Cámara Juliana Aray no se guardó nada. Con la voz de quien lleva años lidiando con promesas incumplidas, cuestionó directamente al Gobierno Nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y a los actores del sector eléctrico por la situación que vive la región Caribe.

La congresista por Bolívar llegó a la audiencia esperando escuchar soluciones concretas. Lo que encontró fue más de lo mismo. "Me voy muy triste porque aquí hay que hacer toda la tarea y no escuché ninguna propuesta concreta. Llevo cuatro años como representante participando en reuniones como estas con la CREG, el Gobierno y Afinia, escuchando los mismos planteamientos sin resultados para la gente", expresó Aray en su intervención.

El panorama que dibujó es preocupante. Mientras el Gobierno ha hecho promesas para asumir parte de los costos acumulados del servicio, las comunidades caribeñas continúan recibiendo facturas que no pueden pagar y servicios deficientes. Ese mismo día, sin ir más lejos, tres municipios de Bolívar amanecieron sin luz, un recordatorio de que el problema no es solo económico, sino también de confiabilidad del sistema.

Los números cuentan una historia injusta. Las tarifas de energía en la región están aproximadamente un 18 % por encima del promedio nacional, mientras que las pérdidas de energía que registra Afinia en Bolívar alcanzan el 27 %. Esos costos, claro está, no desaparecen: simplemente se los trasladan a los usuarios que ya están apretados.

"La tarifa tiene que ser justa, pero la justicia debe ser para la población. El Caribe está desesperado y la respuesta tiene que llegar desde un Congreso unido y un Gobierno comprometido con resolver este problema de fondo", enfatizó Aray, poniendo el dedo en la llaga de una región que siente que el país la ha olvidado.

La audiencia reunió a congresistas, gobernadores, alcaldes y líderes gremiales que coincidieron en algo: hay que actuar ya. Las soluciones estructurales no pueden seguir esperando mientras los habitantes de la Costa Caribe cargan con una factura energética que los hunde.