La bomba política explotó en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón salió con todo contra el Gobierno nacional tras conocerse que existieron negociaciones directas entre el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, y alias Gerónimo, supuesto miembro del Clan del Golfo. Estas conversaciones habrían ocurrido en Urabá a principios del mandato Petro, en 2022, y aunque Rueda confirmó que actuó dentro del marco legal como parte de una estrategia de paz, para Rendón la realidad es otra: esto es la prueba de por qué el crimen creció tanto bajo este gobierno.

Los números que Rendón lanza al ruedo son contundentes. Asegura que el Clan del Golfo se expandió un 60% en toda Colombia durante el gobierno Petro, mientras que las disidencias de las Farc lo hicieron en un 70%. Pero lo que más molesta al gobernador es lo que considera la verdadera razón de ese crecimiento. "¿Cómo no iba a crecer? Todo estaba dado para ello, como lo ratificaba de manera infortunada el consejero presidencial para la paz al referirse a los congelados. Prácticamente, quienes mandaban sobre la inteligencia pública eran los bandidos," disparó Rendón con toda la frustración que le genera la situación.

Lo más grave, según el gobernador, fue que en esas negociaciones el Gobierno acordó suspender los bombardeos contra el Clan del Golfo e incluso tramitar la suspensión de órdenes de captura. El resultado: más de dos años pasaron sin que el Estado golpeara militarmente a la organización criminal, tiempo que aprovecharon para consolidarse en diferentes regiones del país. Rendón no duda en conectar esta pasividad con el helicóptero que el Clan derribó en Anorí, un ataque que se cobró la vida de trece policías.

Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, subió aún más el tono. En redes sociales fue directo: la llamada Paz Total no fue más que un arreglo entre el Gobierno y organizaciones criminales para ganar las elecciones presidenciales, y una vez en el poder, el Ejecutivo les pagó el favor dejándolos actuar sin restricciones mientras debilitaba a la fuerza pública. Para Gutiérrez, quienes tomaron estas decisiones deben responder ante la justicia, y no tuvo problema en llamar lo ocurrido como lo que cree que es: una traición a la patria.

Estas reacciones desde Antioquia revelan la profunda grieta que abren estas revelaciones en la arena política nacional. El debate promete intensificarse en el Congreso y en los organismos de control, con preguntas que seguirán incómodas para el Gobierno mientras intenta defender su estrategia de paz.