Tras los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro expresó en redes sociales sobre presuntas irregularidades en el censo electoral y el preconteo de votos, la Registraduría Nacional del Estado Civil salió a aclarar la situación con un comunicado detallado. El organismo electoral negó que el censo electoral oficial se hubiera cerrado dos meses antes de los comicios, como había señalado el mandatario.

De acuerdo con la Registraduría, "no es cierto que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales 2026 se cerró dos meses antes de los comicios". Explicó que el 31 de marzo de 2026 concluyó la inscripción de ciudadanos para votar, siguiendo lo establecido en la ley electoral. Sin embargo, aclaró que "el censo electoral definitivo, equivalente a 41.421.973 colombianos habilitados para votar en Colombia y el exterior, se cerró hace un mes, el pasado 30 de abril". Este censo fue compartido ese mismo día con las campañas políticas en una mesa técnica denominada "Cómo vamos", donde representantes de los partidos firmaron el acta de recepción.

Sobre los potenciales de votantes por mesa de votación, la Registraduría precisó que estas cifras se publicaron el 4 de mayo y se entregaron a las organizaciones políticas ese mismo día. El organismo explicó que "es absolutamente entendible que en más de 5.300 mesas existan votaciones superiores a los 300 votantes" considerando que cada mesa puede tener entre 360 y 1.200 ciudadanos habilitados, dependiendo de la ubicación. Todas estas mesas fueron verificadas y consolidadas una a una por jueces de la República en aproximadamente 3.000 comisiones escrutadoras.

La autoridad electoral también se refirió a las modificaciones de software. Negó que el martes 26 de mayo se hubiera realizado alteración alguna en ningún software electoral. Por el contrario, ese día puso a disposición de los auditores de los partidos políticos información técnica como la carpeta "Básicos auditores presidente 2026" y el archivo DIVIPOLE (que contiene información de las mesas electorales). La Registraduría enfatizó que "es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada, con el fin de evitar conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas".

Respecto a lo que circula en redes sociales, la Registraduría advirtió que "tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo". También destacó que fueron mínimas las reclamaciones presentadas durante los comicios y el escrutinio, lo que atribuyó a la manera eficiente en que se realizó el proceso.

Finalmente, la Registraduría invitó a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación a continuar su labor de vigilancia y control sobre la segunda vuelta presidencial. El organismo recalcó que toda la información electoral correspondiente a las elecciones fue puesta a disposición de las organizaciones políticas para que realizaran sus propios procesos de verificación y análisis.