En las elecciones presidenciales de 2018 circularon decenas de imágenes en redes sociales mostrando formularios E14 con anomalías preocupantes. En esos documentos donde se registran los votos de los candidatos, aparecían guiones alterados con números sobrepuestos, lo que alimentó las sospechas de fraude. Aunque estas irregularidades se detectaron solo en el 2,8 por ciento de los formularios, ese porcentaje fue suficiente para que la oposición de entonces levantara la alarma. Desde entonces, la Registraduría ha recomendado no diligenciar aquellas casillas y dejarlas en blanco, una medida que además facilita la transmisión de datos y la digitalización correcta de las actas.

Sin embargo, esta semana el presidente Gustavo Petro, quien fue uno de los denunciantes de fraude en 2018, pidió lo contrario: que se rellenen esos espacios en blanco con una X para evitar que sean transformados en números falsos. La recomendación presidencial ha generado polémica y preocupación en la Registraduría. El registrador Hernán Penagos fue contundente al respecto: "Diligenciar las actas con marcas adicionales como equis o círculos genera serias dificultades y hace incurrir en errores a los jueces durante el escrutinio".

De cara a las elecciones del 8 de marzo, Penagos destacó que la principal preocupación de la entidad es la desinformación que circula en redes sociales. "Nos preocupan las narrativas en redes sociales sobre el proceso electoral que no tienen relación con la realidad en Colombia, especialmente frente al diligenciamiento de los formularios E14. Esto genera dificultades para la transmisión, el escrutinio e incluso la digitalización de las actas", señaló en diálogo con EL COLOMBIANO.

Frente a las críticas presidenciales, el registrador fue claro en que las instrucciones a los jurados de votación son las mismas de décadas atrás. "La forma como se ha instruido a los jurados para diligenciar las actas electorales es la misma que se ha impartido por décadas en Colombia para elegir al Congreso y la Presidencia", explicó, reiterando que "la instrucción es la de siempre y no ha cambiado en décadas".

En materia de seguridad, la Registraduría identificó 104 municipios con alertas de seguridad y riesgo extremo por presencia de grupos armados ilegales. Allí se desplegará el Plan Democracia con apoyo de la Policía y el Ejército. Penagos aclaró que no se han ordenado traslados de puestos de votación: "Al contrario, se decidió que la Fuerza Pública llegue con más tiempo para asegurar operacionalmente el sector, trasladar el material electoral y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto". En Córdoba, donde hay 140 puestos afectados por inundaciones, se realizarán evaluaciones semanales para determinar cuáles requerirán cambio de ubicación, pero las elecciones no serán canceladas.

Respecto a los tiempos de resultados el 8 de marzo, el registrador aclaró que los primeros datos que conocerá el público serán los de las consultas populares. Para Senado y Cámara, el proceso es más complejo porque hay listas cerradas, preferentes y tarjetas especiales para circunscripciones indígenas y afrocolombianas. "Los datos finales pueden conocerse hacia las 11:00 de la noche", advirtió.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional lanzó una estrategia de combate a delitos electorales ofreciendo recompensas de hasta 50 millones de pesos. "El Gobierno Nacional ratificó como uno de sus objetivos prioritarios combatir la compra de votos y demás delitos electorales", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La persecución también incluye constreñimiento al votante, suplantación, fraude, voto ilegal y corrupción electoral en general, particularmente en territorios donde estas prácticas son más frecuentes.