La tensión entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría sobre la seguridad electoral escaló cuando el mandatario lanzó una pregunta pública al registrador nacional cuestionando qué mecanismo había reemplazado al llamado "candado hash", una herramienta que según él impide que los datos del escrutinio se alteren. Todo comenzó con una publicación de la senadora Aída Avella, quien aseguró que funcionarios de la Registraduría les habían informado sobre la eliminación de herramientas de seguridad, entre ellas la estampilla de tiempo y ese código hash que protege la integridad de los documentos digitales electorales.

La Registraduría no tardó en salir al paso. Respondiendo también a través de redes sociales, la entidad aclaró que la información mencionada por Avella corresponde al proceso de digitalización y publicación de actas, no al escrutinio electoral en sí. Explicó que "la publicación de las actas E-14 en la web de la Registraduría tiene la trazabilidad de toda la información de fecha y hora de publicación", un dato que ya conocen las organizaciones políticas y quienes vigilan el proceso electoral.

Respecto al mecanismo específico que generó la polémica, la Registraduría fue contundente al desmentir su desaparición: "el código hash utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las 122.016 mesas". Esto significa que cada descarga trae consigo ese código de seguridad incorporado.

Pero la entidad no se quedó ahí. Agregó que cada mesa de votación cuenta con herramientas adicionales de verificación: "las 122.016 mesas están identificadas por un código QR y un código de barras que puede ser verificado en la imagen descargada". Estos mecanismos permiten que cualquiera pueda verificar la autenticidad de la información.

Este intercambio entre el Gobierno y la Registraduría vuelve a poner en el debate público la transparencia electoral y los sistemas tecnológicos que respaldan la confianza en los resultados. Mientras desde el Gobierno se piden explicaciones sobre posibles cambios en los sistemas de verificación, la Registraduría insiste en que todas las medidas de seguridad están vigentes y que los procedimientos pueden ser auditados y verificados por cualquier organización política interesada.

Por ahora, la discusión continúa en redes sociales y en el escenario político nacional, en un momento donde el país vive una de las campañas presidenciales más polarizadas de los últimos años. Las autoridades electorales reiterar que existen controles suficientes para proteger la integridad de la información y garantizar la transparencia del proceso democrático.