La disputa entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría sobre la seguridad electoral colombiana sigue caldeada. Petro insiste en su demanda de que el software de los comicios sea entregado al Estado, argumentando supuestas irregularidades. Pero Hernán Penagos, registrador nacional, no cede. En entrevistas con La FM y la revista Semana, ha sido categórico: entregar ese código sería un error grave.

El argumento de Penagos es técnico pero contundente. El código fuente contiene "la arquitectura y las líneas de programación" de los sistemas de preconteo y escrutinio. Si cae en manos equivocadas, explicó, "permite a los que se conocen como hackers identificar algún tipo de vulnerabilidad para poder modificarlo y eso sería gravísimo". Además, advirtió que la divulgación del código facilitaría que terceros clonen el software oficial, mostrando a los ciudadanos un sistema falso mientras votan.

Pero hay algo importante que el registrador quiso aclarar: aquí en Colombia el sistema electoral es "eminentemente manual". Los resultados oficiales no dependen del software de transmisión, sino de las actas físicas E-14 que los jurados de votación diligencian y firman a mano. Cualquier manipulación digital no podría cambiar lo que los ciudadanos escribieron en papel.

Para quienes dudan de la confiabilidad del software, Penagos recordó que el sistema ya fue auditado línea por línea por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), una entidad internacional. Además, durante dos semanas el software estuvo expuesto en salas de auditoría donde partidos políticos y observadores pudieron revisar el 100 por ciento del sistema.

El registrador también informó que el código fuente está bajo la custodia de la Procuraduría General de la Nación y será "congelado" la próxima semana con una clave de verificación que garantice que no sufrirá modificaciones antes de la votación.

Por último, Penagos señaló dónde ve los verdaderos riesgos: no en el software, sino en factores externos como la compra de votos, la coacción al elector, la financiación ilegal y la presencia de grupos armados en zonas vulnerables del país.