La Casa de Nariño organizó con gran despliegue una reunión con los observadores internacionales que vigilarán las elecciones presidenciales colombianas, pero cometió una ausencia notable: no invitó al registrador Hernán Penagos, la figura que debería ser central en un encuentro de esta envergadura. Esta omisión resulta reveladora de las tensiones que se han profundizado entre la administración Petro y la Registraduría, una relación que cada vez se ve más desgastada.

La fricción tiene su origen en los cuestionamientos del presidente Petro sobre la transparencia del software electoral y el código fuente. El registrador ha rechazado las solicitudes de divulgar estos sistemas, comparando la demanda con "entregar la clave de la bóveda del Banco de la República" o las llaves de la casa propia, según expresó en una entrevista con EL COLOMBIANO. El Gobierno sostiene que estos sistemas no son lo suficientemente transparentes, pero Penagos los defiende como activos críticos de seguridad que no pueden exponerse sin protocolos rigurosos.

El encuentro en Palacio reunió al presidente Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, el presidente del Consejo Nacional Electoral Cristian Quiroz, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia y representantes de la Unión Europea. La misión europea traerá más de 100 observadores, mientras que Estados Unidos enviará una delegación no formal compuesta por funcionarios del Gobierno, incluyendo para la primera vuelta al senador republicano Bernardo "Bernie" Moreno, nacido en Bogotá. En total, habrá 309 observadores acreditados de siete organizaciones nacionales y una internacional.

Sin embargo, lo que se proyecta hacia afuera como un proceso electoral blindado contrasta con conflictos internos profundos. El magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada envió una carta al ministro Benedetti pidiendo garantías ante "las alteraciones al orden público, particularmente derivadas de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales". Benedetti respondió en redes sociales llamando "mentira" las afirmaciones de Prada, asegurando que el CORMPE ha brindado seguridad en todo el país, y cuestionó la credibilidad del magistrado con expresiones fuertes.

El registro de vulnerabilidad es preocupante: Penagos ha identificado 104 municipios con riesgo electoral alto por presencia de grupos ilegales. Varios candidatos presidenciales han denunciado presuntas presiones de grupos armados. En el Cauca, Paloma Valencia y Álvaro Uribe señalaron al ELN y a disidencias de las Farc por coaccionar votos a favor de Iván Cepeda. Valencia reportó que grupos armados estarían advirtiendo: "el lunes (después de elecciones) venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, vamos a ver qué pasa". En el debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO en Medellín, la candidata Claudia López le reprochó públicamente a Cepeda el tema.

Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, ofreció una lectura distinta de la ausencia de Penagos en Palacio. Portela sugirió que "La agenda desarrollada pudo haber tenido como tema la postura del Gobierno frente al proceso electoral, el registrador nacional tendrá su reunión con los observadores internacionales y les mostrará la organización del proceso electoral". El exfuncionario resaltó que "La Registraduría ha mostrado capacidad y experiencia en la organización de los procesos electorales, ha enfrentado situaciones muy difíciles y siempre ha salido fortalecida, es una garantía para el sistema democrático". Sobre las discusiones técnicas del software, Portela señaló que no es un debate novedoso y que la institución siempre ha respondido con "la entrega de los resultados a tiempo y con transferencia".

En cuanto a las tensiones políticas de fondo, Portela fue directo: "Las diferencias entre el Gobierno y el registrador nacional son evidentes". Sin embargo, consideró que lo prioritario es que "el registrador nacional debe concentrarse en la organización de las votaciones. Al fin y al cabo, es el papel que desempeña en todo este asunto, las discusiones que debe atender giran en torno al cumplimiento de la organización de unas elecciones con plena garantías para todos".