Un negocio multimillonario de tierras robadas se ha consolidado en los últimos años en el Tolima y Cundinamarca, donde bandas organizadas de lo que se conoce como tierreros han ocupado y vendido ilegalmente alrededor de 700 hectáreas que pertenecen al Ejército Nacional. La investigación de Noticias Caracol reveló que estas operaciones no fueron sencillas ocupaciones: funcionarios públicos, exmilitares y empleados de alcaldías locales habrían facilitado el despojo de forma "sistemática, calculada y orquestada". Hoy, donde debería haber terrenos militares estratégicos, se levantan mansiones de lujo, piscinas, casaquintas y proyectos inmobiliarios de alto valor en municipios como Melgar y Nilo.

La magnitud del problema es alarmante. De acuerdo con los documentos revisados por la Unidad Investigativa, existen actualmente cerca de 14 mil cédulas catastrales de personas naturales y empresas que reclaman derechos sobre terrenos que en realidad son propiedad del Estado. Los predios fueron fragmentados y vendidos progresivamente durante décadas a través de una red que operó con complicidades internas y casi ningún control estatal. Jorge Iván Reyes Barrera, abogado de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, describe cómo operaban los tierreros: "Los tierreros llegaban, ofrecían los lotes, parcelaban y engañaban a familias enteras". Reyes subraya que "la corrupción aquí no se mide únicamente por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer", refiriéndose a años de vigilancia inexistente y falta de acciones legales para frenar las ocupaciones.

El problema afecta instalaciones militares críticas para la seguridad nacional. El fuerte de Tolemaida, donde funciona el Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela de Lanceros y la Escuela de Paracaidismo, está rodeado de asentamientos humanos, loteos ilegales y propiedades privadas que se comercializan activamente. Incluso cerca de la pista aérea militar existen lotes en venta, y aunque el acceso principal tiene controles estrictos, hay entradas sin vigilancia que conectan con veredas pobladas. La situación generó serias preocupaciones de seguridad.

Campesinos como Héctor Arnulfo González cuentan historias de engaño. González entregó su vehículo y 21 millones de pesos después de encontrar un anuncio de venta en Facebook, solo para descubrir posteriormente que el terreno formaba parte del fuerte de Tolemaida. "Si el Estado no cuida sus tierras, otros terminan ocupándolas", lamenta, responsabilizando también al Ministerio de Defensa por la falta de control. Otros ocupantes llegaron desplazados por la violencia, creyendo que compraban legalmente.

El Ministerio de Defensa ha empezado a actuar. Actualmente avanzan decenas de querellas y procesos en Melgar y Nilo para recuperar los terrenos y establecer quiénes figuran como propietarios, cómo obtuvieron escrituras y si hubo participación de funcionarios públicos. El ministro Pedro Sánchez fue enfático: "No es tolerable para nada. Si se siguen permitiendo las mismas prácticas, aquí le van a robar al Estado en sus propias narices y no va a pasar absolutamente nada. Además, se pone en grave riesgo la seguridad nacional". Sánchez también reconoció que algunas personas de figuración pública, actores y presentadores, habrían comprado estas fincas sin saber de su origen irregular.

El comandante del Ejército, general Roger Gómez Herrera, admitió que los conflictos sobre estos predios se remontan a más de siete décadas y reconoció que hubo "descuido institucional" e incluso posibles actos de corrupción. Explicó que actualmente el Ejército adelanta un proceso de georreferenciación de las tierras ocupadas irregularmente y ha reforzado vigilancia e inteligencia en la zona. Sin embargo, por las amenazas recibidas, funcionarios como el inspector de convivencia de Melgar, Edwin Leonardo Peña Navarro, deben movilizarse con esquema de seguridad.