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Rectora de la Fundación San José renuncia en medio del escándalo por títulos irregulares

Fuente: El Colombiano - Colombia
Rectora de la Fundación San José renuncia en medio del escándalo por títulos irregulares
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Romelia Ñuste Castro dejó la rectoría de la Fundación Universitaria San José después de que el Ministerio de Educación formulara cargos contra la institución y sus directivos por irregularidades en la expedición de títulos académicos. Los investigadores encontraron que al menos 779 títulos entregados a funcionarios públicos carecerían de validez, con casos que incluyen a personas sin registro en el sistema educativo o sin presentar pruebas obligatorias. El escándalo salió a la luz por el caso de Juliana Guerrero, cercana al presidente Petro, quien aparecía como graduada sin cumplir requisitos legales.

La rectoría de la Fundación Universitaria San José quedó vacante tras la salida de Romelia Ñuste Castro, quien lideraba la institución desde 2021. Su partida se produce en el momento más crítico para el centro educativo, cuando enfrenta investigaciones del Ministerio de Educación y la Fiscalía por la entrega de diplomas que posiblemente no cumplen con los requisitos legales en Colombia.

El Ministerio de Educación ya anunció un pliego de cargos contra la fundación, contra Ñuste Castro en su calidad de rectora, y contra Luis Carlos Gutiérrez, quien fungía como secretario general. Gutiérrez también enfrenta imputaciones por parte de la Fiscalía, al igual que Juliana Guerrero, cuyo caso de supuesto fraude académico fue el detonante de todo el escándalo.

Las denuncias salieron a la luz en septiembre del año pasado, cuando la congresista Jennifer Pedraza presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Ñuste Castro, Stefanny Camacho (vicerrectora académica), Gutiérrez y Francisco Alfonso Pareja (presidente del consejo directivo). Pedraza realizó un análisis de más de mil reportes de servidores públicos y encontró que la fundación habría otorgado de manera irregular al menos 779 títulos a funcionarios del Estado. Los números son preocupantes: 221 de estos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, lo que significa que no existe constancia oficial de que hayan sido admitidos ni matriculados. Otros 558 casos presentan registros incompletos, ampliando las dudas sobre la legitimidad de los diplomas.

La congresista Catherine Juvinao también presentó denuncias que hablaban de un presunto "cartel de diplomas". Su investigación identificó 24 funcionarios en 16 entidades del Estado con contratos que superan los 1.100 millones de pesos, todos aparentemente vinculados con títulos obtenidos de manera irregular, sin presentar las pruebas Saber Pro o presentándolas meses después de graduarse. Las autoridades investigan si hay delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad personal.

En un comunicado divulgado hace poco, la Fundación San José resaltó que bajo la dirección de Ñuste Castro logró "un crecimiento significativo en su matrícula y amplió su presencia en el territorio nacional, alcanzando una cobertura del 90 % de los municipios del país mediante su modelo de educación, orientado a facilitar el acceso a la educación superior para quienes trabajan y desean continuar su proceso formativo". La rectora, quien no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo, afirmó en ese comunicado que "en estos años la universidad logró ampliar su alcance y consolidar su compromiso con una educación que genera oportunidades reales para miles de estudiantes en todo el territorio nacional".

La universidad también ha intentado defenderse argumentando que fue víctima de fraude. Según su versión, fueron ellos mismos quienes detectaron las inconsistencias en el proceso de graduación de Juliana Guerrero, quien había figurado como egresada de contaduría pública y gestión contable y tributaria. Al verificar la validez de su título cuando aspiraba al cargo de viceministra de Juventudes, descubrieron que Guerrero nunca había presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisitos obligatorios según el Icfes. La fundación aseguró que reportó el caso a la Fiscalía y entregó documentos como recibos de pago que según ellos evidencian inconsistencias en sus registros internos.

El consejo superior de la institución anunciará en los próximos días quién asumirá la rectoría. Mientras tanto, las investigaciones avanzan y el panorama se oscurece más para una universidad que prometía democratizar la educación superior en el país.

Fuente original: El Colombiano - Colombia

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