Imágenes que circulan en redes sociales reavivaron la polémica alrededor de las protestas de la comunidad emberá en Bogotá. Los videos mostrarían a varios menores de edad ubicados en la primera línea de los enfrentamientos con unidades de la Fuerza Pública, en las afueras del Ministerio del Interior, mientras ocurrían disturbios con lanzamiento de objetos contundentes y daños a la infraestructura del edificio.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, no tardó en reaccionar ante lo visto en las imágenes. La funcionaria rechazó la "instrumentalización de menores en escenarios de violencia" y confirmó que ya se han interpuesto acciones legales para que las autoridades identifiquen a quiénes fueron responsables de llevar a los niños a ese contexto.

Lo que comenzó como una manifestación de familias emberá residentes en la UPI La Florida tenía objetivos concretos: presionar al Gobierno Nacional para avanzar en mesas de diálogo que abordaran garantías sociales, atención integral y soluciones para su situación de desplazamiento. Sin embargo, la jornada escaló hacia bloqueos que dejaron retenidos a funcionarios públicos dentro de la sede ministerial durante varias horas.

Cuando la Fuerza Pública intervino para recuperar el orden, el saldo incluyó afectaciones a un menor y un adulto de la comunidad, ambos atendidos médicamente. El incidente ha reabierto una discusión incómoda pero necesaria en el país: cómo proteger a la niñez durante manifestaciones sociales y dónde están los límites de las acciones de protesta.