La justicia bogotana cerró el 17 de marzo un capítulo de horror cuando el Tribunal Superior confirmó la sentencia contra Hans Wayne Santamaría Garzón. Este exprofesor del Colegio Filarmónico Simón Bolívar deberá cumplir 285 meses, es decir 23 años y siete meses, por haber cometido abuso sexual sistemático contra dos menores de edad que eran sus estudiantes.

Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2020. Las víctimas, dos niños de apenas 11 y 12 años, fueron sometidos a actos sexuales libidinosos y acceso carnal por parte de quien debería haber sido un educador de confianza. Lo particularmente grave es que Santamaría Garzón no limitó sus agresiones al espacio del colegio. Los abusos trascendieron a su residencia, a salas de cine, a una sede alterna de la institución educativa e incluso a la piscina del centro Compensar de Suba, demostrando lo premeditado y sistemático de sus acciones.

La Sala Penal encontró material probatorio sólido para mantener la condena. Las declaraciones de las propias víctimas, grabaciones que muestran al acusado "realizando actos libidinosos sobre la humanidad de los jóvenes", y testimonios de sus familiares resultaron decisivos. Como lo expresó el tribunal, "La Sala encontró que el material probatorio, integrado principalmente por los testimonios de las víctimas, declaraciones de familiares y otros elementos de corroboración, evidenció que el acusado se valió de su condición de docente y de la relación de confianza con estudiantes menores de edad para realizar conductas de carácter sexual en su contra".

La defensa intentó argumentar que los testimonios no eran confiables y que las madres de los menores habían influenciado las versiones de sus hijos después de descubrir chats de WhatsApp. Sostuvieron que esto restaba espontaneidad a los relatos. El tribunal desestimó completamente estos argumentos, rechazando también cuestionamientos sobre el estándar de conocimiento requerido para condenar.

Como castigo adicional a la pena de prisión, Santamaría Garzón quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 20 años, una medida que resguarda a la sociedad de futuros daños.

Aunque el tribunal confirmó la condena, también fue crítico con la investigación de la Fiscalía. Señaló que la indagación fue "deficiente" porque no incluyó la imputación de delitos adicionales de relevancia, como el de pornografía con menores de 18 años, el cual debió estar presente desde la acusación inicial.