La agresión de varios domiciliarios contra un conductor en el norte de Bogotá el 29 de marzo dejó una onda expansiva que llegó hasta los niveles más altos de Rappi. Tras la presión pública y el cuestionamiento del alcalde Carlos Fernando Galán, quien pidió responsabilidades a la plataforma, la empresa reaccionó rápido anunciando acciones concretas.

Lo primero fue identificar a los responsables. Luego de investigaciones internas coordinadas con las autoridades, Rappi logró ubicar a 13 repartidores implicados en los hechos. La decisión fue tajante: todos fueron bloqueados de manera definitiva de la plataforma. La información también fue compartida con la Policía para que avancen en las acciones judiciales correspondientes. "Rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia o intolerancia", señaló la compañía en su comunicado oficial.

Pero para Rappi no fue suficiente con la expulsión de los 13 domiciliarios. La empresa anunció un paquete de medidas que comenzaría a implementarse de inmediato. El refuerzo incluye mecanismos más rigurosos de verificación dentro de la plataforma, con validación documental y autenticación biométrica (un sistema que reconoce características físicas únicas de cada persona). Además, promete un monitoreo más estricto del comportamiento de sus repartidores.

La capacitación también jugará un papel importante. Rappi lanzará un programa semanal obligatorio enfocado en convivencia, seguridad vial y respeto por el entorno. Paralelamente, la empresa trabaja con autoridades distritales y representantes del sector para coordinar acciones conjuntas en el terreno.

Con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad, Rappi realizará operativos en zonas donde hay alta concentración de repartidores para verificar cumplimiento de normas y documentación. "En Rappi, ninguna conducta indebida es anónima", advirtió la empresa, confiando en sus sistemas de trazabilidad (herramientas que rastrean y registran cada actividad) para identificar comportamientos irregulares en el futuro.