En la Jurisdicción Especial para la Paz hay preocupación estos días. Durante su campaña, el presidente electo Abelardo de la Espriella prometió eliminar este tribunal, argumentando que era un espacio donde solo había impunidad para la guerrilla. Pero el magistrado Alejandro Ramelli, quien lidera la JEP, tiene un mensaje claro: no es tan sencillo como llegar el 7 de agosto y desaparecer la institución que nació del Acuerdo de Paz con las FARC.

En una conversación con EL COLOMBIANO, Ramelli explicó que la JEP está blindada de varias formas. Primero, tiene un escudo constitucional: dos reformas a la Constitución que fueron aprobadas por el Congreso y validadas por la Corte Constitucional. Una de esas reformas incluso establece que la JEP debe mantenerse estable durante tres periodos presidenciales. Segundo, existe un blindaje internacional. En 2021, el gobierno colombiano firmó un acuerdo con la Corte Penal Internacional comprometiéndose a no derogar, modificar ni desfinanciar la JEP. Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realiza monitoreos trimestrales sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Entonces, ¿qué tendría que hacer el presidente electo si realmente quiere eliminar la JEP? Ramelli fue directo: "Sí, tendría que recorrer ese camino. Es un proceso de ocho debates en el Congreso y, además, seguramente vendrían demandas ante la Corte Constitucional por los mismos temas. Es un camino bastante dispendioso". Eso significa una reforma constitucional completa, con todas las batallas legales que eso implica.

Sobre las críticas de campaña que calificaban a la JEP como un "esperpento" y un espacio de impunidad, Ramelli prefirió relativizar. "Son afirmaciones de un candidato en campaña. Confiamos en que, ya institucionalmente, en un diálogo sereno, tranquilo y basado en el respeto, podamos hablar no solamente de la JEP, sino del Acuerdo de Paz, de la verdad de las víctimas, de la seguridad jurídica de los comparecientes y del derecho a la verdad". Ya ha invitado públicamente al presidente electo a conversar y está dispuesto a mostrarle toda la información sobre los resultados del tribunal.

Lo que está realmente en juego, según Ramelli, no son cifras presupuestales ni estructuras burocráticas. Son las historias de más de 300.000 víctimas, entre ellas pueblos indígenas, mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados por las FARC y personas ejecutadas extrajudicialmente. También está en riesgo la seguridad jurídica de más de 5.000 integrantes de la Fuerza Pública que han sido beneficiados por la JEP. "Esto no es un tema burocrático o de presupuesto; es la estabilidad de un acuerdo de paz", subrayó.

Si la JEP desapareciera, el mensaje al mundo sería devastador. Colombia pasaría de ser un modelo internacional de justicia transicional y restaurativa a un país que incumple sus compromisos internacionales. "Gana el negacionismo. Pierden las víctimas", resumió el magistrado. Ramelli hace poco también expresó que le gustaría tomar un café con actores sociales clave, desde empresarios e iglesias hasta universidades, porque considera que este no es un debate apenas de la JEP, sino del país completo.