Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y hoy superintendente Nacional de Salud, salió al paso de los hallazgos preliminares de la Contraloría de Antioquia que lo señalan por un presunto detrimento patrimonial de 108 mil millones de pesos relacionado con el cambio de contratistas en Hidroituango. Consultó a los funcionarios de carrera de Empresas Públicas de Medellín que participaron en el proceso y presentó su defensa punto por punto.

La posición de Quintero es clara: cambiar esos contratistas no fue una decisión administrativa, sino una obligación legal. Los contratos anteriores simplemente se vencieron y agotaron su objeto contractual, explica. Mantenerlos habría constituido un delito por parte de los funcionarios de EPM, ya que modificar el objeto del contrato está expresamente prohibido por la ley. "No obstante, hubo presiones para que se les prorrogara y no se aceptaron. Al parecer siguen las presiones que buscan favorecer a los contratistas de la catástrofe, hoy por medio de la Contraloría departamental", expresó el exalcalde. Además, recordó que esos contratistas anteriores están imputados por corrupción, por el colapso de la represa y por pérdidas superiores a 20 billones de pesos, con daños ambientales que calificó como incalculables.

Lejos de perjudicar a EPM, Quintero sostiene que el cambio de contratistas generó ahorros superiores a dos billones de pesos comparados con lo que cobraban los contratistas anteriores. Este dato es central en su defensa: argumenta que la decisión no solo fue legal sino también beneficiosa para la empresa y el patrimonio público.

Respecto al argumento central de la Contraloría, que asegura que el detrimento de 108 mil millones proviene de no haber elegido la propuesta más económica, Quintero respondió que los proponentes descartados no fueron eliminados por arbitrio, sino porque no superaron el proceso de compliance (evaluación de cumplimiento internacional) que identifica riesgos operativos, legales y actos de corrupción. "El proponente descalificado estaba sancionado por el BID y la banca multilateral. Todo esto reposa en el expediente del proceso", precisó.

El exalcalde no ocultó su molestia y acusó directamente a la Contraloría de Antioquia de actuar con motivaciones políticas. Cuestionó que ese organismo, según dice, esté bajo control del gobernador de Antioquia y esté utilizando su facultad fiscalizadora para presionar a favor de los mismos contratistas vinculados al colapso de Hidroituango. "No jueguen con la dignidad, el buen nombre y el futuro de los funcionarios de EPM y sus familias", advirtió en un tono directo.

El hallazgo preliminar de la Contraloría debe pasar por el proceso de contradicción que establece la ley antes de convertirse en un fallo definitivo con responsabilidad fiscal. La Contraloría de Antioquia aún no ha entregado una respuesta formal a las afirmaciones del exalcalde.