En medio de un tenso intercambio en redes sociales, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, pidió este martes la renuncia de todos los interventores que administran las nueve EPS intervenidas por el Gobierno Petro en los últimos tres años. El funcionario justificó su solicitud argumentando que necesitaba evaluar los resultados de estos agentes, analizando sus acciones, respuestas a peticiones y quejas de usuarios, entrega de medicamentos y, finalmente, decidir su continuidad o salida del cargo.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Jorge Iván Ospina, quien lidera la intervención de Nueva EPS, rechazó directamente el pedido del superintendente a través de redes sociales. "La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero", expresó Ospina, dejando clara su posición sobre quién tiene autoridad para tomar esa decisión. El interventor también advirtió que pedir renuncias en medio de un proceso de estabilización empresarial podría afectar negativamente el trabajo que se está haciendo, asegurando que "estamos por el camino correcto para establecer una gran EPS".

Quintero respondió a través de X, la red social antes conocida como Twitter, cuestionando que Ospina "acaba de llegar" y exigiendo que presente "un plan de choque consistente". El superintendente también fue contundente al aclarar que "no hay en esta superintendencia ningún interventor con corona ni por encima del poder de inspección, vigilancia y control de la entidad".

El trasfondo de este conflicto es más grave de lo que parece. La Contraloría General de la República envió un informe alarmante a la Supersalud advirtiendo que las EPS en intervención forzosa administrativa están experimentando un deterioro crítico y continuo. Según el ente de control, después de un seguimiento permanente, concluyó que estas intervenciones no están logrando estabilizar el sistema de salud como se esperaba. Por el contrario, identificó riesgos relevantes que podrían afectar los recursos disponibles y la continuidad en la prestación de servicios a los usuarios.

Las dificultades económicas de estas aseguradoras podrían impactar directamente a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios médicos que dependen de los pagos de estas EPS. Un escenario que complicaría aún más la ya frágil situación del sistema de salud colombiano.

Sobre la pregunta de fondo, Giovanni Jiménez, investigador en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aclaró en conversación con EL COLOMBIANO que el superintendente de Salud sí tiene la facultad legal para solicitar renuncias, ya que es "quien los nombra en su capacidad de inspección y vigilancia". La Supersalud, explicó, tiene la potestad de realizar "intervenciones para administrar y para liquidar: es parte del modelo de inspección, vigilancia y control". Sin embargo, la realidad política y administrativa parece ser más compleja de lo que establece la ley.