La llegada de Daniel Quintero a la dirección de la Superintendencia de Salud sigue generando polémica. Esta vez el cuestionamiento gira en torno a un cambio en el manual de funciones de la entidad que habría permitido contratar a un arquitecto como asesor del despacho, con un salario cercano a los 14 millones de pesos mensuales. El senador electo Andrés Forero, del Centro Democrático, fue quien hizo pública la denuncia a través de su cuenta en X, tildando el movimiento de sospechoso.

En su publicación, Forero escribió: "Recién llegado modificó el manual de funciones de Supersalud para contratar a un arquitecto (...) como asesor del despacho por $14 M al mes". El político fue más allá en su cuestionamiento directo al exalcalde de Medellín: "@QuinteroCalle empezó a hacer de las suyas. Recién llegado, modificó el manual de funciones de @Supersalud para contratar a un arquitecto —¿quién será?— como asesor del despacho por $14 M al mes". Además se preguntó irónico: "¿Para suplir su falta de conocimiento en salud se asesorará con un arquitecto?".

El verdadero trasfondo de la controversia está en que se estaría vinculando a un profesional sin experiencia demostrada en el sector de la salud. El timing también genera dudas, pues Quintero llega en un momento crítico del sistema, cuando varias EPS intervenidas por el Gobierno enfrentan quejas crecientes por demoras en la entrega de medicamentos y realización de procedimientos médicos.

Las críticas se han traducido en acciones legales. Forero radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral contra el decreto que nombró a Quintero como superintendente, argumentando que el exalcalde no cumple con los requisitos académicos y profesionales para el cargo. En la misma demanda solicitó la suspensión provisional de los efectos del nombramiento.

Esta no es la única batalla legal en curso. El 27 de abril, tres ciudadanos presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia cuestionando la designación de Quintero. En ese recurso alegaron que el nombramiento podría afectar derechos colectivos vinculados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y la prestación adecuada del servicio de salud. Como en la demanda de Forero, los accionantes sostienen que el perfil de Quintero simplemente no se ajusta a las condiciones requeridas para dirigir la Superintendencia Nacional de Salud.