El Gobierno Nacional generó una onda de inconformidad al dar a conocer que Daniel Quintero Calle asumiría como superintendente nacional de Salud. El exalcalde de Medellín, quien hasta hace poco se desempeñaba en el sector de tecnología e innovación, ahora tendría bajo su responsabilidad el manejo de una entidad crucial para el control del sistema de salud colombiano en lo que resta del gobierno de Gustavo Petro.

Lo que más preocupa a la oposición no es solo el cambio de sector, sino el historial de Quintero. El exmandatario paisa enfrenta 43 investigaciones por presunta corrupción durante su gestión en La Alpujarra, además de que otros 55 contratistas, funcionarios y personas cercanas a él están siendo investigados, imputados o ya sancionados. Esto genera una paradoja incómoda: quien tendría la tarea de vigilar y combatir la corrupción en salud sería precisamente una persona con esas imputaciones.

Las críticas no tardaron. Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, escribió en sus redes que "después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín". Por su parte, el diputado antioqueño Luis Peláez cuestionó directamente al presidente: "¿qué pasa por su cabeza al posicionar a alguien que no tiene experiencia en salud pero sobre todo que ha hecho tanto daño a la ciudad de Medellín como Quintero?".

Las responsabilidades que Quintero asumiría en esta recta final del gobierno son nada despreciables. Como superintendente tendría autoridad para ordenar intervenciones forzosas en EPS, liquidarlas si lo considera necesario, fortalecer la supervisión de entidades de salud y, teóricamente, combatir la corrupción en el sector. Todo esto mientras maneja presupuestos que no son menores: para 2026, Supersalud dispone de más de 562 mil millones de pesos, cifra que incluye 369 mil millones en ingresos del año anterior y 193 mil millones como base presupuestaria.

Además de estas cifras, la entidad ya ha recuperado 8.500 millones de pesos en este primer trimestre mediante acuerdos de pago con hospitales y prestadores de servicios. Sin embargo, la propia Supersalud ha sido cuestionada recientemente por el disparo en sus contratistas: entre 2022 y 2026 aumentó en un 719 por ciento los contratos por prestación de servicio. Solo en este 2026, año electoral, firmó 467 de estos acuerdos por un valor de 46.703 millones de pesos.