A días de que Colombia elija al próximo presidente, un video de la senadora Aída Quilcué desató la polémica en redes sociales. Durante un evento, la congresista y aspirante a vicepresidencia lanzó una crítica generalizada contra los egresados de las universidades más prestigiosas del país. "Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo", expresó Quilcué, añadiendo que lo que han dejado es exclusión, odio y racismo.

En internet no tardaron en calificar sus palabras como un discurso que promueve el "resentimiento social", además de ser "sectaria" esa generalización sobre quienes lograron acceso a educación universitaria. El comentario resultó incómodo considerando que varios candidatos vicepresidenciales que compiten contra Quilcué tienen credenciales académicas de prestigio. Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, es economista de la Universidad del Rosario con maestría en Economía Matemática y doctorado de la Universidad de Toulouse en Francia. Aún más extenso es el currículum de José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella: economista del Rosario, especialización en Finanzas, maestría en Economía de la Universidad de Londres y doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath. Ninguno de estos dos ha sido investigado por corrupción.

Sin embargo, el contraste resulta aún más marcado al revisar casos de corrupción en la actual administración. En el escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres), dos protagonistas como Olmedo López y Sneyder Pinilla tienen títulos universitarios completos. Lo verdaderamente llamativo es que Juliana Guerrero, candidata a viceministra de la Juventud y una de las mayores protagonistas de los escándalos de corrupción del gobierno actual, ni siquiera presenta estudios universitarios terminados. Está imputada por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por la presunta presentación de títulos falsos de tecnóloga en gestión contable y contadora pública.

Las palabras de Quilcué reflejan un desencuentro más profundo que la administración Petro ha mantenido con la educación superior y las universidades privadas. La actual administración ha intentado imponer tributos al patrimonio de universidades privadas a través de decretos de emergencia económica, medidas que las instituciones advirtieron afectarían sus finanzas y sus apoyos a estudiantes de bajos recursos. También ha eliminado el subsidio a las tasas de interés del Icetex y terminó la financiación de programas históricos como Colfuturo, que permitía a profesionales de excelencia académica acceder a créditos para estudios de posgrado.

En el programa de Iván Cepeda titulado El Poder de la Verdad, se enfatiza el fortalecimiento de la educación pública y gratuita. Sin embargo, son notables las ausencias: no aparecen menciones a Icetex, Colfuturo ni programas de becas para universidades privadas. Esta brecha sugiere que la fricción entre la actual proyecto político y la educación superior privada podría continuar en caso de que el Pacto Histórico ganara las próximas elecciones presidenciales.