Las alarmas se encendieron en el Consejo Nacional Electoral cuando llegaron dos denuncias contra la campaña de Iván Cepeda por realizar eventos multitudinarios en Córdoba y Sucre durante la semana previa a las elecciones de este domingo. El problema es que estas actividades violarían la prohibición que rige desde siete días antes de los comicios: no se pueden hacer eventos públicos de campaña ni difundir encuestas electorales. El tribunal intentó mantener la compostura. El magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, hizo un llamado genérico a los candidatos "a respetar las reglas de la democracia para que todos sepamos cómo actuar". Pero ahí termina la historia alegre.

Lo que pasó después es lo preocupante. Según fuentes conocedoras del proceso, el CNE poco puede hacer porque estas vedas están reguladas por un decreto de orden público del Gobierno. Cuando las denuncias lleguen, simplemente se trasladarán a los alcaldes correspondientes, que son quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir estas restricciones. En otras palabras: la institución electoral recibe la denuncia, pero no tiene las herramientas para actuar directamente.

El escándalo se agravó cuando circuló un video de uno de esos encuentros en Montería. En el acto, Cepeda habló con una franqueza que sorprendió: "Para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo". Luego dio instrucciones sobre cómo actuar el día de las elecciones. Sus defensores podrían argumentar que se trata de reuniones privadas de coordinación política, pero los críticos ven una violación clara de la ley que aparentemente no enfrenta consecuencias.

El presidente Gustavo Petro también ha alimentado la controversia. Publicó un mensaje en X mostrando el cierre de campaña de Cepeda desde Barranquilla, lo que lo expone a acusaciones de interferencia electoral. Ya enfrenta al menos diez procesos en la Cámara por presunta participación en política.

Lo que ahora genera más inquietud es el papel del procurador Gregorio Eljach, la autoridad que debería investigar y sancionar irregularidades de funcionarios públicos. Hace algunas semanas, a través de un video, Eljach fue contundente: "Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral". Parecía una postura clara. Pero cambió el discurso. Ahora argumenta que si Petro usó su cuenta privada, eso entra en su vida privada y no es materia de investigación disciplinaria. Solo si actúa desde su cargo o usa recursos del Estado es que se puede sancionar. El procurador fue ternado por Petro para el cargo, lo que alimenta las sospechas sobre el cambio de criterio.

El congresista Daniel Carvalho resumió la frustración de muchos: "Uno quisiera que el hecho de violar las leyes electorales generara vergüenza, sanciones y rechazo social, pero aquí no pasa nada". Mientras faltan días para las elecciones, la sensación que queda es la de un sistema de controles que falla cuando más se necesita.