Las denuncias que hizo Angie Rodríguez, quien hasta hace poco fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro como directora del Dapre, sacuden el gobierno. En conversaciones con Semana y Caracol Radio, la ahora directora del Fondo Adaptación acusó a varios funcionarios de intentar sacarlo de su cargo para controlarse el presupuesto de esa entidad. Entre los señalados están Juliana Guerrero, postulada para el Viceministerio de Juventud, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres.

Las acusaciones de Rodríguez son contundentes. Afirmó ser víctima de extorsión y denunció a Miguel Ángel Ospino Romero, su exasesor, de ser "un traficante de la información". Sobre Carrillo, acusó de presuntamente pagar para obtener información sobre ella, lo que cataloga como "espionaje" y "concierto para delinquir". Incluso le atribuyó amenazas como "Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela", refiriéndose a quererla "matar" o "llevar presa". Pero acaso la acusación más delicada fue contra Guerrero, a quien Rodríguez acusó de presumir tener vínculos con el ELN.

Para entender qué consecuencias legales podrían traer estas denuncias, EL COLOMBIANO consultó al abogado penalista Andrés Arteaga. El jurista fue claro: estas acusaciones "deben necesariamente haber sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para efectos de su verificación".

Arteaga explicó que la extorsión, cuando se trata de exigencias económicas para no divulgar información, es un delito grave. "Este es un delito grave que implica constreñir a una persona para obtener un provecho ilícito, y su configuración dependerá de que se logre identificar quiénes son los responsables y que efectivamente existió esa presión ilegítima", señaló. Según el Código Penal, la pena por extorsión puede ser de 16 a 24 años de prisión.

Respecto a las amenazas que Rodríguez denunció, el penalista aclaró que este delito "requiere que exista una conducta idónea para generar temor o zozobra relevante". Las penas por amenazas van de 4 a 8 años de cárcel.

Lo más serio son los presuntos vínculos de Guerrero con el ELN. Si esto se demuestra, podría configurar el delito de concierto para delinquir, que va de 4 a 9 años de prisión, o incluso rebelión, que lleva penas de 8 a 13 años y medio de privación de la libertad.

Sin embargo, Arteaga hizo una salvedad importante que no debe pasarse por alto: "No obstante, es fundamental insistir en que la sola denuncia no configura responsabilidad penal. En este momento se trata de un escenario mediático que debe ser verificado judicialmente, en el que prevalece el principio de presunción de inocencia y donde la carga de la prueba recae en quien acusa". El abogado insistió en que las declaraciones de Rodríguez ya deberían estar en manos de la Fiscalía para que sea ese organismo quien investigue y determine si hay delito o no.